En una ofensiva sin precedentes contra el contrabando de combustibles, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha intensificado los operativos para frenar el llamado “huachicol fiscal”, una práctica de evasión millonaria que afecta directamente las finanzas públicas y la seguridad energética del país. Tan sólo en lo que va de 2025, la ANAM ha decomisado más de 50 millones de litros de diésel, cifra récord que revela la magnitud del problema.
Uno de los casos más sobresalientes ocurrió el pasado 7 de julio, en un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades locales, en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila. Ese día se aseguraron 129 carrotanques, cada uno con capacidad de 120,000 litros, que habían declarado sólo el 10% del volumen real. En total, se incautaron 15.48 millones de litros de hidrocarburo ilícito.
Se trata del decomiso “más grande de la presente administración”, señaló Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. En tanto, de acuerdo con fuentes oficiales, esta acción evitó un daño patrimonial superior a los $350 millones.
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Ahora bien, ¿por qué la ANAM es parte de los esfuerzos del gobierno por combatir el huachicol? Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, responsable de administrar y vigilar las operaciones aduaneras del país. Aunque su mandato principal es fiscal, la creciente sofisticación del contrabando de combustibles ha hecho que la ANAM se integre de forma activa en la lucha contra el huachicol fiscal, actuando como una pieza clave en el blindaje de la cadena logística nacional.
Gracias al despliegue de más de 14,000 cámaras de vigilancia instaladas en puntos estratégicos del país, la ANAM puede dar seguimiento en tiempo real a rutas de transporte sospechosas, monitorear cruces fronterizos y verificar que los datos declarados en los pedimentos aduanales coincidan con la realidad. Esta red tecnológica, complementada con inteligencia fiscal y el cruce de datos de SAT y Pemex, ha permitido mapear patrones irregulares en zonas clave como Tamaulipas, Veracruz, Coahuila y Baja California.
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Según cifras de la propia ANAM, más del 60% del diésel incautado proviene de operaciones de importación subvaluadas, donde los responsables simulan volúmenes inferiores a los reales o declaran precios menores al valor internacional.
Esta estrategia de fiscalización no sólo ha derivado en decomisos, sino también en la cancelación de más de 200 permisos de importación, la apertura de procesos administrativos contra al menos 90 empresas transportistas y la interposición de denuncias penales ante la FGR.
Para el segundo semestre de 2025, la ANAM prevé incrementar el uso de Inteligencia Artificial (IA) en los cruces fronterizos, lo que permitirá automatizar la detección de irregularidades y reducir los tiempos de respuesta. Asimismo, se fortalecerá la coordinación con otras dependencias como la Secretaría de Energía, Pemex y la Guardia Nacional, a fin de cerrar el paso al crimen organizado vinculado al tráfico de combustibles.
