Este 9 de enero de 2026, Estados Unidos protagoniza una escalada sin precedentes en su política energética y militar hacia Venezuela: fuerzas estadounidenses han abordado y confiscado el buque petrolero Olina, el quinto tanker vinculado a operaciones petroleras venezolanas interceptado en lo que va del año.
Según el U.S. Southern Command, en una operación de madrugada, infantes de marina, marineros y elementos de la Guardia Costera ejecutaron el abordaje del Olina en el mar Caribe como parte de un esfuerzo coordinado que ya lleva varias semanas para detener buques que transportan crudo sancionado desde Venezuela. Este es el tercer petrolero capturado sólo en los últimos días, detrás de casos como los de Marinera y Sophia.
La estrategia estadounidense se inscribe en una campaña más amplia que combina el cumplimiento de sanciones económicas, el bloqueo naval de exportaciones y una creciente presencia militar en la región frente a la costa venezolana. Analistas han descrito a estos buques como parte de una llamada “flota en la sombra” —naves que operan bajo banderas falsas o sin registro claro para eludir controles internacionales y transportar crudo en violación de embargos—.
La implicación va más allá del simple control del petróleo bruto. Estas acciones ocurren tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses la semana pasada, un suceso que ha transformado el tablero geopolítico regional y redefinido la relación entre Washington y Caracas. El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que ejercerá control sobre las ventas e ingresos del petróleo venezolano, en un intento por redirigir sus beneficios hacia objetivos estratégicos y “beneficiar tanto a Venezuela como a Estados Unidos”.
Este despliegue estratégico y económico tiene un claro componente de proyección de poder geopolítico, con consecuencias que podrían extenderse más allá del hemisferio occidental. Ya se observan tensiones con potencias como Rusia, que denunciaron las incautaciones y cuestionan la legalidad de acciones unilaterales que se ejercen a miles de millas de sus costas.
La disputa naval en el Caribe y el Atlántico no es sólo una cuestión de sanciones y petróleo: es, fundamentalmente, un frente nuevo en la economía política global. La energía, una vez más, se sitúa en el centro de la geopolítica internacional, articulando alianzas, tensiones diplomáticas y la redefinición de la soberanía energética de un país clave como Venezuela. El futuro, en este escenario, se perfila como complejo, incierto y de largo plazo —pero con un claro giro hacia la centralidad estratégica de los recursos energéticos en un mundo cada vez más fracturado—.
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