La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación en la que detectó que al menos 555 empresas operan en aduanas del país con posibles vínculos en conductas ilícitas, relacionadas con la importación, exportación y comercialización de combustibles.
La indagatoria se derivó del aseguramiento, en marzo pasado, de 10 millones de litros de diésel que transportaba el buque Challenge Procyon y que presuntamente pretendía ingresar de manera irregular al país a través del puerto de Altamira, Tamaulipas.
De las empresas investigadas, 109 destacan por realizar actividades de importación y comercialización de combustibles, además de estar vinculadas con posibles operaciones de “huachicol fiscal” y robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los puertos del Pacífico y el Golfo de México.
Entre las compañías señaladas se encuentran Transportadora del Pacífico y del Golfo de México, Grupo Potesta y Era Tech Combustibles, las cuales estarían presuntamente relacionadas con los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, según se desprende de la causa penal.
La FGR solicitó 14 órdenes de aprehensión, entre ellas las de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante en activo, respectivamente, y sobrinos del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
De acuerdo con los testimonios presentados por el Ministerio Público Federal ante la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez, con sede en Almoloya de Juárez, los hermanos Farías Laguna, identificados como “Los Primos”, habrían tejido una red de servidores públicos para facilitar actos de corrupción, así como gestionar ascensos y promociones dentro de la Secretaría de Marina para favorecer a sus colaboradores.
Especialistas consultados por Petróleo & Energía advierten que este tipo de esquemas de contrabando y robo de combustibles afectan la competitividad del mercado formal, generan distorsiones en los precios y reducen la recaudación fiscal. Además, comprometen los esfuerzos del gobierno federal por garantizar la seguridad energética del país, ya que una parte significativa del abasto podría estar sujeta a operaciones irregulares que financian al crimen organizado. El combate al huachicol fiscal es considerado una de las prioridades para mantener la estabilidad de la cadena de suministro y proteger los ingresos públicos.
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