La administración federal inició el primer semestre de 2025 con una política de disciplina fiscal que da pie al debate. Por un lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó finanzas públicas estables, con ingresos presupuestarios del Gobierno Federal que crecieron un 10.3% en términos reales, la mayor tasa registrada en la historia para un primer semestre. La recaudación tributaria también mostró un desempeño sobresaliente, con un aumento del 8% real anual, impulsado por una base económica sólida y una administración eficaz que permitió financiar programas sociales e inversión.
No obstante, esta fortaleza en los ingresos se contrapone a una marcada contención del gasto. El gasto público total disminuyó un 3.8% en términos reales, en un esfuerzo por cumplir con los compromisos fiscales y mantener un superávit primario de $172,000 millones. Aunque la SHCP defiende esta postura como una gestión responsable que busca la estabilidad fiscal de largo plazo, algunos analistas han señalado que la prudencia en el gasto, al no estar balanceada, podría convertirse en un riesgo para el dinamismo económico del país.
La postura oficial defiende el recorte como una oportunidad fiscal. Si bien el gasto en inversión física —$400,000 millones— se redujo en comparación con 2024 —un año particular debido al cambio de administración federal en octubre—, el nivel observado fue superior en 10.5% real al promedio registrado en el primer año de gobierno de las tres administraciones previas.
Además, se destinó 6% más de recursos a la protección social, en tanto la gestión de la deuda permitió un ahorro de $20,000 millones y una reducción del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) al 49.5% del PIB.
Por su parte, algunos expertos perciben la reducción en el gasto como un riesgo. El ajuste fiscal es positivo, pero la caída del gasto en infraestructura física de 30.4% en términos reales durante el primer semestre de 2025 comparado con el mismo periodo de 2024, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), podría comprometer la competitividad y el crecimiento a largo plazo.
La austeridad fiscal, si no se maneja con cautela, podría ser un freno para la economía, ya que una menor inversión gubernamental tiene un efecto multiplicador negativo en el sector privado. La inversión pública es un motor que crea empleos, demanda para empresas y mejora la capacidad productiva del país, y su contracción podría no ser compensada a tiempo, afectando el dinamismo económico en el corto y mediano plazo.
Bajo este complejo escenario, el debate sobre el gasto público se centra en un difícil balance. Mientras la SHCP celebra la estabilidad y las finanzas públicas sanas, los críticos advierten que la falta de inversión puede dejar a México con un futuro de crecimiento limitado. El reto de la administración actual es demostrar que la prudencia fiscal puede coexistir con un motor de desarrollo económico que responda a las necesidades de la población.
