Aunque el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo ha sido uno de los rostros más visibles del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), autoridades estadounidenses han advertido que una de sus fuentes de financiamiento más sólidas proviene del robo y contrabando de hidrocarburos, particularmente a través del llamado huachicol fiscal.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el CJNG ha desarrollado redes sofisticadas para el robo y comercialización ilegal de combustible dentro y fuera de México.
Estas operaciones incluyen esquemas de importación fraudulenta y triangulación comercial para evadir controles aduaneros y fiscales.
En octubre de 2025, la agencia internacional Reuters documentó cómo el cártel habría ampliado su estrategia hacia el contrabando marítimo, utilizando buques cisterna para introducir combustible al país con documentación alterada y apoyo de empresas establecidas en Estados Unidos. El reportaje expuso la creciente complejidad logística de estas operaciones.
Uno de los casos señalados fue el del buque tanque Torm Agnes, que ingresó al puerto de Ensenada con casi 120 mil barriles de diésel. Según la investigación, tras su arribo comenzaron maniobras de descarga acelerada hacia pipas que se abastecían directamente desde el muelle, en una operación presuntamente coordinada por redes vinculadas al crimen organizado.
La estrategia, de acuerdo con el reportaje, consistía en introducir combustibles adquiridos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Canadá, y declararlos ante aduanas mexicanas como productos distintos, como lubricantes, para reducir impuestos y evadir revisiones. Posteriormente, el energético era comercializado a precios inferiores a los del mercado formal, generando competencia desleal y afectaciones fiscales millonarias.
En ese entramado apareció la empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, que habría adquirido diésel en Canadá y gestionado su envío a México bajo declaraciones aduaneras presuntamente irregulares. Autoridades estadounidenses identificaron que el cargamento terminó en manos de un cliente que operaba como fachada criminal.
Durante décadas, el robo de combustibles a instalaciones de Pemex fue ejecutado por grupos locales; sin embargo, el crecimiento del negocio atrajo a grandes organizaciones criminales.
Fuentes de seguridad mexicanas y estadounidenses coinciden en que el CJNG elevó la escala del contrabando, convirtiéndose en un actor dominante en el mercado ilegal de petrolíferos y petróleo crudo.
El impacto económico es estructural, estimaciones del gobierno estadounidense señalan que las importaciones ilegales podrían representar hasta una tercera parte del mercado mexicano de diésel y gasolina, con un valor superior a los 20 mil millones de dólares anuales.
Tras el abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la interrogante es si estas redes de huachicol fiscal y contrabando marítimo serán desmanteladas o si continuarán operando como uno de los negocios paralelos más rentables dentro del sistema energético de América del Norte.
