Marcelo Ebrard, secretario de Economía, calificó de “injusta, insostenible e inconveniente” la decisión del gobierno de Donald Trump de imponer un arancel del 50% a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México.
Durante la reunión del viernes 6 de junio que sostendrá con representantes de la Casa Blanca el funcionario mexicano solicitará la exclusión de México de estos aranceles, al igual que se concedió al Reino Unido bajo el Economic Prosperity Deal.
“Estos aranceles que se anunciaron hace unos días pero entran en vigor mañana, de 50% al acero adicional, no se pueden sostener en el tiempo. Se va a tener que ajustar porque el impacto económico es muy grande. Lo veo injusto para México, porque con México tiene superávit Estados Unidos. No tiene sentido poner un arancel a un producto en el que tú tienes superávit; normalmente se pone cuando tienes déficit”, afirmó en declaraciones a medios este martes, un día antes de que la medida entre en vigor.
La proclamación firmada por Trump este martes argumenta que el alza en los aranceles es necesaria para proteger la seguridad nacional, señalando que las importaciones a bajo precio siguen perjudicando a las industrias siderúrgicas y de aluminio estadounidenses.
Según el documento, aunque los aranceles anteriores de 25% ofrecieron cierto apoyo a los precios locales, no han sido suficientes para alcanzar niveles de producción compatibles con las necesidades de defensa nacional.
“He determinado que aumentar los aranceles brindará mayor apoyo a estas industrias y reducirá o eliminará la amenaza a la seguridad nacional que representan estas importaciones”, señala la proclama firmada por Trump.
En febrero de este año, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO) advirtió que la decisión unilateral del gobierno estadounidense para imponer un arancel de 25% a las exportaciones de acero mexicano tendrían un impacto grave en la industria siderúrgica. Además señaló que los aranceles amenazaban el 75% de las exportaciones de acero mexicano valuadas en dos mil 100 millones de dólares, poniendo en riesgo empleos e inversiones clave en el país.
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