La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió un nuevo amparo promovido por Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, en contra de un crédito fiscal de 2 mil millones de pesos derivado de la omisión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal de 2010.
El caso fue registrado bajo el expediente Amparo Directo en Revisión 5608/2025 y turnado a la ministra María Estela Ríos González, quien deberá resolverlo en un plazo máximo de seis meses, conforme a las disposiciones judiciales vigentes.
Este nuevo recurso se suma a cuatro litigios fiscales adicionales que Grupo Salinas mantiene abiertos ante la Corte, los cuales, en conjunto, representan créditos fiscales por más de 36 mil millones de pesos, considerando actualizaciones, multas y recargos.
El origen de la controversia se remonta a la resolución emitida el 24 de junio de 2025 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, que negó el amparo solicitado por Elektra y confirmó la obligación de la empresa de cubrir el monto reclamado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Fuentes judiciales consultadas explicaron que el nuevo amparo no suspende automáticamente el cobro del crédito, aunque sí abre una nueva etapa de revisión constitucional sobre los procedimientos fiscales aplicados por la autoridad hacendaria.
El litigio forma parte del complejo entramado jurídico entre el Grupo Salinas y el SAT, que desde hace más de una década mantiene disputas sobre presuntas omisiones fiscales cometidas por sus filiales, principalmente Elektra y TV Azteca.
De acuerdo con analistas financieros, este tipo de procesos no sólo impacta en la reputación corporativa, sino también en la percepción de riesgo regulatorio de las grandes empresas mexicanas frente al endurecimiento de la política fiscal del Estado.
La SCJN deberá determinar si las actuaciones del SAT se ajustaron al marco legal o si procede la protección constitucional solicitada por la empresa. La resolución, prevista antes de abril de 2026, podría sentar un precedente clave en materia de litigios fiscales corporativos en México.
