El empresario Elon Musk, propietario de la red social X y de la automotriz Tesla, acusó públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de ser vocera de líderes del narcotráfico. El señalamiento se produjo a través de la plataforma digital del propio magnate, generando una fuerte reacción política.
Musk respondió el domingo a una publicación de la mandataria con el mensaje: “solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel”, en reacción a un video en el que Sheinbaum afirmaba que retomar una estrategia de “guerra contra el narcotráfico”, como la implementada durante el gobierno de Felipe Calderón, “no es opción”.
Ante estas declaraciones, la presidenta señaló en su conferencia matutina que su administración analiza emprender acciones legales contra el empresario. Indicó que el equipo jurídico del Gobierno ya revisa el caso para determinar la viabilidad de una demanda.
“Estamos considerando si hacemos un asunto legal, lo están viendo los abogados. Pero a mí lo que me importa es lo que diga el pueblo y la gran mayoría reconoce el trabajo de las fuerzas armadas y lo que hacemos todos los días, no solo en seguridad sino en el bienestar de las y los mexicanos”, expresó Sheinbaum.
Las acusaciones se dan en un contexto en el que México representa un destino relevante para las inversiones de Musk. Por ejemplo, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad otorgó contratos a empresas vinculadas al magnate por más de 3 mil millones de pesos.
Uno de ellos fue adjudicado a Starlink Satellite Systems México por hasta mil 556 millones de pesos para proveer servicios de telefonía e internet en zonas remotas del país. A este se sumó otro contrato por hasta mil 775 millones de pesos para servicios de conectividad satelital de órbita baja y equipo asociado, destinado a fortalecer infraestructura de telecomunicaciones en comunidades rurales.
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Además, Musk había anunciado la construcción de una megaplanta de Tesla en el estado de Nuevo León, con una inversión estimada de entre 5 mil y 10 mil millones de dólares, aunque el proyecto fue puesto en pausa tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien advirtió sobre la posible imposición de aranceles de hasta 100 por ciento a vehículos fabricados en México.
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