A tan solo unas horas de que la Cámara de Diputados discuta el dictamen de la nueva Ley General de Aguas, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, rechazó por completo que la iniciativa pretenda cancelar los títulos de concesión vigentes o sustituirlos por permisos temporales, como se ha difundido en diversos medios.
En una entrevista para el medio La Jornada, el funcionario calificó estas versiones como “totalmente falsas” y aseguró que el sistema de concesiones se mantiene tal cual, con la posibilidad de heredar o vender títulos, pero ahora de manera ordenada y sin corrupción.
El funcionario atribuyó la campaña de desinformación a quienes pierden sus privilegios en la mercantilización del agua. Explicó que la nueva ley sí incorpora un capítulo de sanciones, pero dirigido exclusivamente a los acaparadores y abusivos que han lucrado con el recurso por más de tres décadas.
Contemplando multas elevadas y penas de prisión de hasta cinco años tanto para quienes compren como para quienes vendan ilegalmente las concesiones. “Afecta intereses de mafiosos y abusivos que se han dedicado a una actividad indebida”, mencionó el funcionario.
¿Irregularidades actuales?
Actualmente existen 536 mil títulos de concesión en el país, de los cuales más de 50 mil presentan irregularidades: están registrados como de uso agrícola, pero en realidad abastecen parques industriales, campos de golf, balnearios o pipas.
Por lo que el funcionario enfatizó que la reforma no busca perseguir ni despojar a nadie, sino ordenar el manejo del agua hacia adelante. De aprobarse la ley, afirmó, empresas, productores y comunidades quedarán libres del “yugo” de tratar con intermediarios o “coyotes”, y el Estado podría recuperar volúmenes hoy concentrados en pocas manos.
Asimismo, el titular de Conagua destacó que en la presente administración se han recuperado cerca de 4 mil 500 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes a más de 4 billones de litros, como parte de una estrategia de combate al robo y al acaparamiento.
La nueva legislación, garantizará el acceso al agua para consumo humano, manteniendo el sistema de concesiones pero con mayor orden, transparencia y cero tolerancia a la corrupción. Los títulos estarán asociados a una plataforma con trazabilidad completa, lo que dará certeza a todos los usuarios.
Mercado negro del agua
El funcionario señaló que detrás de cada concesión existe un entramado de intereses económicos. Muchos acaparadores, dijo, obtuvieron títulos gratuitos bajo la figura de uso agrícola, pese a no producir nada, para después vender el agua sin regulación.
“Hay comunidades al lado de un río que no pueden usarlo porque esa agua ‘le pertenece’ a alguien. Estamos acabando con ese mercado negro y evitando la sobreexplotación”, concluyó.
La discusión legislativa de la nueva Ley General de Aguas se realizará este miércoles 3, en medio de un debate que enfrenta a autoridades federales y sectores que buscan mantener el control privado del recurso.
