El desmantelamiento de la mega red de huachicol anunciado por el gabinete de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum evidencia la creciente presión por parte de autoridades estadounidenses —preocupadas por la legalidad y trazabilidad en el comercio energético— ha sido un factor clave para articular una estrategia más estructurada y frontal contra el crimen organizado en este sector.
Aunque restaurar la confianza en un mercado binacional profundamente interconectado, no es el único objetivo, también hay un sentido de urgencia para reducir las pérdidas millonarias en las arcas públicas por el robo de huachicol, advierten especialistas en temas energéticos, consultados por Petróleo & Energía.
“Gran parte de los combustibles que consumimos en nuestro país, gasolina, diesel, turbosina, gas licuado de petróleo se utilizan en forma diaria provienen de los Estados Unidos, que está haciendo ya varias investigaciones a través de la DEA en torno a este tema. Lo que menos quiere Estados Unidos es que sus empresas se metan en problemas e incluso ha establecido medidas más estrictas a través de la Comisión de Bolsa de Valores (SEC, por sus siglas en inglés”, explica Ramses
Pech, analista y asesor de temas de energía.
El “histórico” desmantelamiento de una de las redes más amplias de robo de hidrocarburos en el país, se llevó a cabo en la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro e Hidalgo, y culminó con la detención de 32 personas, entre ellas los presuntos líderes de la organización criminal.
Además, fueron asegurados 12 inmuebles, 48 vehículos —varios de ellos blindados—, 36 armas de fuego, 16 millones de pesos en efectivo y hasta animales exóticos, estos últimos puestos bajo custodia de la Profepa.
De acuerdo con las autoridades, los responsables operaban mediante la perforación ilegal de ductos para extraer gas LP y gasolina, los cuales almacenaban en bodegas y distribuían a estaciones de servicio de forma ilícita.
Pech explica que este tipo de operativos ayudan a responder a una creciente inquietud en Washington sobre la legalidad del mercado mexicano de combustibles. «De no tomar acciones, estaríamos ante un escenario de alta incertidumbre para las inversiones energéticas en México», advierte el experto.
Arturo Carranza, recuerda que uno de los juicios más relevantes relacionados con el robo de combustibles tiene que ver con una empresa estadounidense que compraba crudo robado, lo refinaba en Estados Unidos y luego lo regresaba a México como producto terminado. Este caso puso en evidencia el carácter transnacional del delito y lo posicionó como una prioridad dentro de la agenda bilateral en materia de seguridad energética.
Más allá del impacto inmediato del operativo, el robo de hidrocarburos sigue generando distorsiones graves en el mercado nacional.
De acuerdo con Pech, existen tres áreas críticas, la primera es el robo físico de combustibles directamente de los ductos, se estima un volumen robado de al menos cinco mil barriles diarios, lo que representa pérdidas anuales de hasta 30 mil millones de pesos para Petróleos Mexicanos, sin considerar los gastos adicionales en reparación de infraestructura.
La segunda es el llamado «huachicol fiscal», un esquema en el que se introduce diésel de manera ilegal bajo la clasificación de lubricantes, con lo cual se evade el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. La evasión fiscal derivada de este esquema podría estar generando pérdidas de entre 80 mil y 150 mil millones de pesos anuales.
El tercer punto crítico es la falta de trazabilidad en la cadena de distribución, ya que muchas estaciones de servicio no pueden acreditar el origen legal del combustible que venden. Esto afecta la competencia leal y socava la confianza del consumidor.
Para Ramses Pech, lo más importante en este momento es la credibilidad del mercado de combustibles, no solo ante los socios comerciales, sino también frente al consumidor mexicano. En un contexto global donde las transacciones energéticas están cada vez más reguladas y auditadas, saber de dónde proviene cada litro de combustible y cómo se paga es fundamental para sostener un sistema energético confiable.
