Después de varias semanas de silencio ante el error del supuesto megadecomiso de huachicol en Guanajuato de Grupo Simsa, que después comprobó que sus operaciones eran legales, la presidenta de México admitió que no se trataba de combustible ilegal.
“No, se hizo la investigación por parte de la fiscalía, el conocimiento que tenemos… tendría que informar la fiscalía con todo detalle, pero en realidad había algunos asuntos ilegales de transporte que entraba al lugar y la empresa resolvió el tema, pero en general toda la instalación tenía sus permisos”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.
Hasta la fecha el único sancionado por este error ha sido Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la FGR en Guanajuato, ante las anomalías en el operativo, como que el cateo se realizó dos semanas antes de su anuncio público y la información se difundió sin completar las verificaciones correspondientes.
El supuesto decomiso de 59 millones de litros de combustible fue anunciado por Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad en Guanajuato, el pasado 17 de septiembre, el funcionario explicó que el hallazgo de las presuntas instalaciones para almacenar huachicol se hizo gracias al aseguramiento de una pipa.
Más tarde la Fiscalía General de la República explicó que este hecho se desencadenó desde el 3 de julio cuando se detuvo a una persona que descargaba diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz, Guanajuato.
Para el 18 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las autoridades investigaban el origen y destino del combustible y Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, anticipó que habría detenciones relacionadas con el caso.
Sin embargo, Grupo Simsa, vinculado con la terminal, rechazó que sus operaciones fueran ilícitas y sostuvo que el combustible almacenado pertenecía a sus clientes.
Un día después la FGR confirmó que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada continuaría con las investigaciones para revisar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal del hidrocarburo. También se dio a conocer que las primeras indagatorias habían durado 76 días y que las autoridades todavía debían verificar la documentación presentada por las empresas involucradas.
La presidenta Claudia Sheinbaum no dio más información entorno al error en el anuncio y el decomiso en la terminal de combustible que operaba de forma legal.
