México vuelve a apostar por el gas natural licuado con la reanudación del proyecto Amigo GNL, anunciada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, en un momento en el que el país busca consolidarse como plataforma exportadora, pero enfrenta una creciente dependencia energética y cuestionamientos por sus impactos ambientales.
Por su ubicación estratégica, México se ha convertido en un nodo clave del mercado global de GNL, con proyectos en Sonora, Baja California y Tamaulipas orientados a exportar gas de Texas hacia Asia y Europa, aprovechando su cercanía con ambos mercados y la infraestructura binacional existente.
No obstante, estos desarrollos han sido duramente criticados por organizaciones ambientalistas que advierten afectaciones a ecosistemas costeros y comunidades locales, especialmente en regiones con alta biodiversidad marina como el Golfo de California.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reactivación de la terminal de exportación Amigo GNL, que se ubicará en Bahía Catalina, en el puerto de Guaymas, Sonora, y enviará gas natural proveniente de Estados Unidos hacia Asia a través del Pacífico.
La terminal recibirá el hidrocarburo mediante el gasoducto Naco-Hermosillo, actualmente en proceso de ampliación y cuya entrada en operación está prevista para 2027, de acuerdo con información de la Secretaría de Energía.
Amigo GNL es un proyecto conjunto entre la empresa del mismo nombre, filial de LNG Alliance de Singapur, y la Administración del Sistema Portuario Nacional de Guaymas, dependiente de la Secretaría de Marina, con una inversión estimada en 6,300 millones de dólares a lo largo de 36 años.
Según el gobierno federal, el proyecto generará ingresos fiscales acumulados por más de 68,000 millones de pesos en los próximos 20 años y contará con una capacidad de almacenamiento de 1.3 millones de metros cúbicos de GNL, lo que elevaría el almacenamiento estratégico del país de tres a cinco días.
Sin embargo, especialistas recuerdan que México importa cerca del 74% del gas que consume, casi en su totalidad desde Estados Unidos, una dependencia que se ha profundizado ante la caída de la producción nacional y que expone al país a riesgos geopolíticos, climáticos y de mercado, además de reavivar preocupaciones ambientales por el tránsito de grandes buques metaneros en una de las zonas marinas más sensibles del país.
