La discusión sobre la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos abrió un nuevo frente para el sector gasolinero. Aunque la iniciativa no obliga actualmente a las estaciones de servicio a dejar de aceptar efectivo, empresarios del sector advirtieron que el proyecto de ley otorgaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la facultad de determinar, mediante regulación posterior, qué actividades consideradas estratégicas deberán aceptar únicamente pagos digitales.
Ante este escenario, representantes de estaciones de servicio difundieron un posicionamiento en el que respaldan la modernización de los medios de pago, pero solicitan que cualquier transición se construya con diálogo, reglas claras y mecanismos que garanticen la continuidad del suministro de combustibles.
De acuerdo con el documento, la iniciativa fue presentada por el Ejecutivo Federal y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 8 de septiembre de 2026, donde permanece pendiente de discusión en comisiones, por lo que aún no constituye derecho vigente.
El punto que concentra la preocupación del sector se encuentra en el Artículo 13, que establece un mecanismo para que la SHCP determine posteriormente qué sectores estratégicos o actividades relevantes podrían operar exclusivamente mediante pagos digitales.
Aunque la propuesta no menciona expresamente a las gasolineras, tampoco las excluye del posible alcance de esa regulación futura.
El sector respalda la digitalización, pero rechaza una imposición
Los empresarios gasolineros sostienen que reconocen los beneficios de los pagos digitales en materia de seguridad, eficiencia, trazabilidad e inclusión financiera.
Sin embargo, plantean que la decisión sobre el medio de pago debe permanecer en manos del consumidor y no trasladarse como una obligación regulatoria a las estaciones de servicio.
En su posicionamiento, proponen que la adopción de medios electrónicos avance mediante incentivos como recompensas, mejores condiciones para el usuario y facilidades operativas, en lugar de sanciones para quienes venden combustible.
Además, subrayan que el combustible constituye un insumo esencial para la movilidad y la actividad económica del país, por lo que ningún automovilista debería quedar sin posibilidad de abastecerse debido a una falla tecnológica ajena al consumidor o al establecimiento.
Riesgos para las estaciones de servicio
El documento identifica tres grandes riesgos que enfrentaría el sector si una regulación futura estableciera restricciones al uso del efectivo.
En el ámbito regulatorio, advierten que la SHCP podría incorporar a las estaciones de servicio dentro de los sectores estratégicos sin que la propia ley establezca criterios específicos, plazos o un régimen
sancionador claramente definido.
En materia operativa, señalan la dependencia de múltiples eslabones tecnológicos, entre ellos:
- terminales de pago,
- conexión a internet,
- redes celulares,
- suministro eléctrico,
- bancos adquirentes,
- sistemas de despacho.
Una interrupción en cualquiera de estos elementos podría paralizar temporalmente la venta de combustible.
En el aspecto financiero, el sector advierte sobre costos asociados a comisiones bancarias, tiempos de dispersión de recursos, contracargos y posibles fraudes con tarjetas, factores que actualmente no afectan las operaciones realizadas en efectivo.
Uno de los elementos que los empresarios consideran más relevantes es la excepción prevista para casos de contingencia.
La iniciativa contempla que, ante fallas en terminales, internet, energía eléctrica o sistemas bancarios, pueda aceptarse temporalmente el pago en efectivo.
No obstante, el documento señala que todavía no existe una definición reglamentaria que establezca qué constituye una contingencia ni cómo deberá acreditarse ante la autoridad
Una transición basada en infraestructura e inclusión financiera
Como alternativa, el sector propone una transición escalonada sustentada en condiciones reales de infraestructura.
Entre sus principales planteamientos destacan:
- avanzar por regiones según la conectividad disponible;
- mantener mecanismos claros de contingencia;
- evitar trasladar comisiones al precio del combustible;
- impulsar medios como CoDi y DiMo, además del pago con tarjeta;
- garantizar reglas claras frente a fraudes y contracargos;
- fortalecer la ciberseguridad y la protección de datos;
- capacitar a usuarios con menor familiaridad con herramientas digitales.
Asimismo, recuerdan que existen más de 25 millones de personas que aún no están incorporadas al sistema bancario, por lo que consideran indispensable preservar mecanismos que eviten excluir a parte de la población durante el proceso de digitalización.
En sus conclusiones, los empresarios reiteran su disposición para participar en el diseño de la política pública y sostienen que el desafío no consiste únicamente en reducir el uso del efectivo, sino en construir un sistema de pagos que funcione de manera confiable en todas las regiones del país.
A su juicio, la digitalización será sostenible únicamente si ofrece beneficios tangibles para el consumidor, garantiza la continuidad del suministro y distribuye de forma clara las responsabilidades entre estaciones de servicio, instituciones financieras, procesadores de pago y proveedores de telecomunicaciones.
