Retos regulatorios y participación privada en energías limpias comunitarias en México
La transición energética mexicana avanza en un terreno complejo. Los retos regulatorios en energías limpias se entrelazan con la necesidad de fortalecer la confianza social y abrir espacio a la inversión privada en proyectos comunitarios. Sin resolver este dilema, el objetivo nacional de reducir 35% de emisiones al 2030 corre el riesgo de quedarse en el papel.
Un marco regulatorio en transformación
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (Sener) enfrentan presiones contrapuestas. Por un lado, se busca fomentar energías renovables; por otro, persiste la política de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Desde 2019, la CRE ha reducido el número de permisos otorgados a proyectos privados, lo que ralentizó la inversión solar y eólica a gran escala.
En marzo de 2023, la Segunda Sala fijó jurisprudencia clave al establecer que el derecho humano a la consulta previa de comunidades indígenas debe aplicarse antes de otorgar evaluaciones y autorizaciones ambientales en proyectos que puedan afectar su entorno o forma de vida. Además, la Corte precisó que esta obligación surge incluso ante la mera posibilidad de afectación, sin que sea necesario acreditar un daño concreto, lo que refuerza la exigencia de consulta en desarrollos energéticos y de infraestructura en territorios indígenas.
La inversión privada ante nuevos desafíos
Las empresas privadas han sido fundamentales en el desarrollo de energías renovables en México. Entre 2014 y 2018, gracias a las subastas eléctricas, se aseguraron inversiones superiores a 9 mil millones de dólares en proyectos solares y eólicos. Sin embargo, con la cancelación de las subastas en 2019, las nuevas inversiones enfrentaron incertidumbre.
Hoy, la participación privada se canaliza hacia modelos híbridos: alianzas con gobiernos estatales, esquemas de autoabasto comunitario y microredes locales.
Oportunidades para proyectos comunitarios
El potencial de México en energías limpias sigue siendo vasto. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) estima que el país podría duplicar su capacidad renovable instalada hacia 2035 si aprovecha su recurso solar y eólico. No obstante, para lograrlo será indispensable establecer un marco claro que combine inversión privada, participación social y certidumbre regulatoria.
Entre las propuestas discutidas destacan tres ejes: incentivos fiscales a proyectos comunitarios, obligatoriedad de reinversión social de un porcentaje de utilidades, y un registro nacional de buenas prácticas en consulta previa. Estas medidas podrían facilitar la expansión de energías limpias con un enfoque inclusivo.
Hacia un modelo de corresponsabilidad energética
La transición energética en México no se resolverá con más turbinas o paneles, sino con mayor confianza social y reglas claras. Los retos regulatorios en energías limpias deben ser abordados con visión de largo plazo, evitando cambios abruptos que frenen la inversión. La participación privada, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en una palanca si se alinea con el desarrollo comunitario.
México tiene la oportunidad de construir un modelo único en América Latina: proyectos renovables que no solo cumplan con metas climáticas, sino que también fortalezcan el tejido social. La clave está en pasar del conflicto a la cooperación.
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