Desde hace más de una década, el robo de combustible —popularmente conocido como huachicol— representa una amenaza latente para la seguridad energética de México. Su combate ha exigido una combinación de operativos militares, herramientas tecnológicas, reformas legales y participación ciudadana. A pesar de avances relevantes, el delito no ha sido erradicado y continúa adaptándose a las circunstancias.
Operativos federales y Guardia Nacional
Uno de los pilares más visibles en la lucha contra el huachicol ha sido el despliegue de fuerzas federales. Desde diciembre de 2018, el gobierno mexicano lanzó un plan de seguridad enfocado en el control físico de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con la Guardia Nacional, asumió la vigilancia de más de 50 instalaciones estratégicas.
Según una respuesta de la Sedena al INAI, del 1 de enero de 2019 al 30 de octubre de 2022 se incautaron 111 896 153 litros de combustible robado
Además, se han detenido cientos de personas involucradas en redes de tráfico, desde transportistas hasta operadores financieros.
No obstante, los operativos enfrentan limitaciones logísticas, así como resistencia social en algunas comunidades donde el huachicol se ha convertido en sustento económico informal.
Tecnología, monitoreo y trazabilidad
Más allá del despliegue físico, la digitalización ha comenzado a jugar un papel central. Pemex ha reforzado la implementación de sensores en ductos, sistemas de control SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), y monitoreo satelital con apoyo de la Agencia Espacial Mexicana.
La plataforma SIGOS (Sistema de Información Georreferenciada de Operaciones de Suministro) permite cruzar datos de presión, flujo y tiempos de distribución para detectar anomalías en tiempo real. Este tipo de trazabilidad tecnológica permite actuar con mayor precisión y reducir los tiempos de respuesta.
Además, desde 2022, se ha incorporado el uso de drones de vigilancia en regiones críticas como el llamado Triángulo Rojo (Puebla, Veracruz, Hidalgo), donde las tomas ilegales persisten con alta frecuencia. Estas herramientas, aunque efectivas, requieren inversión sostenida, capacitación técnica y coordinación interinstitucional.
Obstáculos: corrupción, impunidad y pobreza
El combate al huachicol enfrenta barreras estructurales profundas. En primer lugar, la corrupción institucional ha permitido durante años la operación de redes criminales dentro y fuera de Pemex. Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) han vinculado a empleados, transportistas y funcionarios con el delito, aunque pocas veces se traducen en sentencias efectivas.
La impunidad alimenta la reincidencia. Esto genera una percepción de riesgo bajo para los implicados.
Por otra parte, la pobreza en zonas rurales convierte al huachicol en alternativa de ingreso para comunidades marginadas. Esto dificulta la erradicación, ya que no se trata solo de un problema criminal, sino también social y económico. En estados como Hidalgo y Puebla, el robo de combustible ha sido considerado incluso como una forma de “protesta” contra la exclusión económica.
Perspectivas futuras: digitalización, justicia y educación
Los esfuerzos recientes apuntan hacia una estrategia más integral. En 2025, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) trabajan en normativas para reforzar la trazabilidad digital de combustibles, obligando a distribuidores privados a reportar en tiempo real sus movimientos y volúmenes.
En paralelo, el gobierno federal ha planteado reformar el marco legal para establecer penas más severas a operadores financieros del huachicol, y no solo a ejecutores materiales. Esto busca desmantelar estructuras financieras y logísticas más amplias.
Sin embargo, la clave estará en el fortalecimiento del sistema judicial. Sin procuración de justicia efectiva, cualquier operativo o tecnología será insuficiente. A la par, expertos de la UNAM y del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) del Congreso han insistido en la necesidad de programas educativos y de desarrollo alternativo en comunidades afectadas.
Sin una estrategia integral, el huachicol se reinventa
A pesar de los avances en vigilancia, decomisos y digitalización, el huachicol sigue siendo una amenaza multifacética. Las redes criminales se adaptan, los métodos evolucionan, y la demanda persiste mientras existan incentivos económicos y vacíos legales.
La lucha contra el huachicol no puede depender exclusivamente de operativos armados ni de herramientas tecnológicas. Requiere una visión estructural que articule justicia, desarrollo local, transparencia institucional y educación cívica. De lo contrario, el fenómeno seguirá reinventándose, comprometiendo la seguridad energética y la gobernabilidad en zonas clave del país.
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