El precio internacional del petróleo ha superado los 90 dólares por barril en junio de 2025, impulsado por tensiones en Medio Oriente, restricciones de producción de la OPEP+ y una demanda sostenida en Asia. Esta alza del crudo global repercute de inmediato en las economías dependientes del combustible importado, presionando los pactos gasolineros que mantienen artificialmente bajos los precios al consumidor. En países como México, Indonesia o Argentina, estos esquemas enfrentan crecientes desafíos fiscales. ¿Hasta cuándo podrán sostenerse los subsidios frente a un contexto energético inestable y crecientemente Costoso?
¿Qué es el pacto gasolinero y por qué está bajo presión?
Los pactos gasolineros son acuerdos políticos y fiscales mediante los cuales los gobiernos asumen parte del costo real del combustible para evitar aumentos bruscos en su precio final. En México, por ejemplo, el estímulo fiscal al IEPS ha sido clave para mantener el precio de la gasolina estable desde 2018, incluso frente a variaciones internacionales.
Sin embargo, con el alza del crudo global, estos subsidios se vuelven más costosos. Según datos de la Secretaría de Hacienda mexicana, el estímulo fiscal al IEPS implicó un gasto fiscal acumulado de más de 400 mil millones de pesos entre 2022 y 2024. Para 2025, con el Brent y el WTI acercándose a máximos no vistos desde 2022, el esquema comienza a mostrar signos de agotamiento.
Tensiones fiscales: ¿es sostenible subsidiar la gasolina?
La sostenibilidad del pacto gasolinero depende directamente de los ingresos fiscales, las reservas energéticas nacionales y el margen político del gobierno. En contextos de crecimiento lento o alta inflación, el subsidio al combustible puede erosionar los recursos públicos necesarios para salud, infraestructura o educación.
En Argentina, el alza del petróleo ha presionado la balanza comercial, elevando el costo de las importaciones energéticas en más de 25% durante el primer semestre de 2025. En Indonesia, el subsidio a los combustibles representa más del 10% del presupuesto nacional, y su eliminación ha sido motivo de fuertes protestas sociales en el pasado.
La alza del crudo global amenaza así con desestabilizar no solo las finanzas públicas, sino también la gobernabilidad de países que no pueden trasladar el verdadero costo energético a la población sin consecuencias políticas.
El dilema: estabilidad social vs. disciplina energética
El subsidio a los combustibles tiene una dimensión política fundamental: amortigua el descontento popular en contextos de inflación o bajos ingresos. Pero también distorsiona el mercado energético, desincentivando la eficiencia, la transición a fuentes limpias y la inversión en transporte público.
Economistas como Mariana Campos, del centro México Evalúa, han señalado que el subsidio a la gasolina «es regresivo y poco transparente», beneficiando más a quienes más consumen. A largo plazo, mantener precios artificialmente bajos impide una adaptación real al costo de la energía.
En este contexto, el alza del crudo global funciona como catalizador de un dilema irresuelto: ¿seguir subsidiando para mantener la paz social o asumir el costo político de una reforma energética impopular pero necesaria?
Alternativas: ¿hacia una reconversión del pacto gasolinero?
Algunos países han comenzado a explorar soluciones mixtas ante la presión del mercado petrolero. Chile, por ejemplo, aplica un mecanismo de estabilización de precios de combustibles (Mepco) con ajustes automáticos y parciales, que mitigan la volatilidad sin un subsidio pleno.
México, por su parte, podría rediseñar el estímulo al IEPS hacia esquemas de apoyo focalizado para sectores vulnerables o transportistas, evitando una subvención generalizada que beneficia incluso a las rentas altas.
Otra opción es acelerar la electrificación del transporte, lo que requiere inversiones en infraestructura, incentivos fiscales a vehículos eléctricos y generación limpia. No obstante, esta transición es de largo plazo y no alivia las tensiones inmediatas causadas por el alza del crudo global.
Un horizonte volátil: ¿cómo actuar ante el nuevo ciclo del petróleo?
Los analistas internacionales advierten que el precio del petróleo podría mantenerse elevado durante buena parte del segundo semestre de 2025. La extensión de los recortes de producción por parte de la OPEP+, sumada a la incertidumbre geopolítica en el Estrecho de Ormuz y la ralentización de nuevas inversiones en energías fósiles, configuran un mercado tensionado.
Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la demanda mundial seguirá creciendo modestamente hasta 2026, pero la oferta sigue rezagada. Esta ecuación alimenta un ciclo alcista que pone en entredicho los esquemas de subsidio en todo el mundo.
Frente a este panorama, la alza del crudo global ya no es un evento coyuntural, sino parte de una nueva normalidad que exige ajustes estructurales en política energética y fiscal.
Cierre: entre el pragmatismo y la urgencia de transformación
El encarecimiento del petróleo obliga a los gobiernos a revisar los fundamentos de su política de subsidios. El pacto gasolinero, herramienta útil en momentos de emergencia, se convierte en una carga fiscal y ambiental difícil de justificar en un entorno donde la sostenibilidad económica y ecológica ganan protagonismo.
Las decisiones que se tomen en 2025 determinarán si los países avanzan hacia una transición energética inteligente o si siguen atrapados en una lógica reactiva de contención social con alto costo financiero. El alza del crudo global no solo desafía presupuestos: exige liderazgo, visión estratégica y voluntad política para trazar un nuevo pacto energético más justo y resiliente.
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