La llegada del nearshoring ha abierto una oportunidad histórica para reposicionar a México como un polo industrial clave de América del Norte. Sin embargo, el crecimiento económico que podría derivarse de esta tendencia enfrenta una barrera estructural: la falta de acceso a energía suficiente, confiable y limpia. Este problema energético de México no solo limita el desarrollo manufacturero, sino que amenaza con frenar inversiones millonarias en sectores estratégicos.
Un país bien ubicado, pero con un sistema eléctrico insuficiente
La relocalización de empresas hacia México responde a su cercanía con Estados Unidos, el respaldo del T-MEC y la integración de cadenas productivas regionales. Sin embargo, mientras la economía busca atraer nuevas plantas industriales, la capacidad del sistema eléctrico no crece al mismo ritmo.
El diagnóstico es claro: la inversión en generación, transmisión y modernización de redes ha sido insuficiente durante la última década. La consecuencia es un suministro vulnerable, con costos crecientes y confiabilidad decreciente. Las empresas que evalúan establecer operaciones en México advierten riesgos reales de interrupciones, encarecimiento energético y dificultades para cumplir compromisos ambientales (ESG).
Estas limitaciones no solo afectan a nuevas inversiones. También comprometen la expansión de plantas ya instaladas, especialmente en regiones industriales como el Bajío y la frontera norte, donde la demanda de energía crece más rápido que la capacidad instalada.
La brecha entre la oportunidad y la capacidad energética
El principal reto no reside en la falta de recursos naturales —México posee abundante potencial solar, eólico y geotérmico—, sino en la infraestructura que permita trasladar esa energía a los centros industriales.
El cuello de botella más severo está en la transmisión eléctrica: llevar la electricidad de donde se genera a donde se consume. La dependencia de la inversión pública ha limitado la expansión de líneas y subestaciones, lo que deja a varios estados industriales al borde de la saturación.
Mientras tanto, los obstáculos regulatorios han frenado la participación del sector privado en nuevos proyectos de generación o transmisión. A pesar de que la Constitución permite asociaciones público-privadas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la realidad administrativa y política continúa restringiendo su implementación efectiva.
Ejemplos como la línea de transmisión en Querétaro muestran que la colaboración entre actores públicos y privados es posible, pero aún excepcional. Ampliar este tipo de proyectos sería clave para garantizar seguridad energética y permitir que el nearshoring se traduzca en crecimiento sostenido.
La urgencia de un giro en la política energética
La crisis de suministro eléctrico no es un riesgo hipotético: ya existen apagones que afectan operaciones industriales, con pérdidas millonarias.
Diversos estudios estiman que México necesita aumentar su capacidad energética en un 75% durante los próximos 10 a 15 años, con inversiones de decenas de miles de millones de dólares.
Para lograrlo, el país requiere políticas energéticas orientadas al mercado, capaces de atraer inversión y promover fuentes limpias. La generación distribuida —como los paneles solares en techos industriales— ofrece soluciones parciales que fortalecen la resiliencia local y reducen costos de transmisión. Sin embargo, sin una estructura regulatoria moderna y una estrategia integral de transición energética, estas iniciativas serán insuficientes.
La apuesta por el nearshoring demanda también un suministro renovable y trazable, capaz de satisfacer los estándares internacionales de sostenibilidad que las empresas globales exigen. Sin ello, México corre el riesgo de perder competitividad frente a otros destinos que ofrecen energía más limpia y abundante.
Una visión de largo plazo para la energía y la industria
La oportunidad del nearshoring coincide con un punto de inflexión global. Estados Unidos impulsa una política industrial que busca reindustrializar América del Norte, mientras impone barreras a productos chinos. En ese contexto, México puede posicionarse como un aliado energético y manufacturero estratégico, siempre que aborde con decisión su déficit estructural.
Las soluciones pasan por liberar el potencial del sector privado, fortalecer la autonomía regulatoria, acelerar la innovación tecnológica y fomentar la infraestructura de transmisión eléctrica. También es esencial impulsar la producción nacional de gas natural y ampliar la capacidad de generación renovable.
El sur del país, donde el gobierno busca promover nuevos polos industriales, depende aún más de estas decisiones. Sin energía confiable y limpia, proyectos emblemáticos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec no podrán detonar un desarrollo sostenible.
Energía y competitividad: la hora de las decisiones
El problema energético de México no es técnico, sino político y estructural. Resolverlo no requiere reformar la Constitución, sino aplicar las leyes actuales con visión de Estado. El país dispone del marco legal necesario para permitir inversión privada, asociaciones público-privadas y mecanismos regulatorios modernos. Lo que falta es voluntad para hacerlo.
Si México logra cerrar su brecha energética, podrá consolidarse como el eje manufacturero de América del Norte. De lo contrario, las empresas elegirán destinos donde la energía sea más barata, limpia y predecible.
La ventana del nearshoring no estará abierta para siempre: la competitividad industrial de México depende de su capacidad para garantizar un futuro energético sólido, confiable y sostenible.
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