La transición hacia una economía descarbonizada ha situado al litio y al cobalto como recursos estratégicos globales. Ambos minerales son componentes esenciales para las baterías de iones de litio que alimentan vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento energético. Sin embargo, bajo el brillo del desarrollo verde subyacen profundas tensiones sociales, ambientales y éticas que cuestionan el verdadero costo de esta transición. Comprender el impacto social y ambiental del litio y cobalto es hoy una tarea ineludible para gobiernos, empresas y ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad.
El lado oculto de la electrificación: extracción y conflicto
El litio se extrae principalmente en el denominado «Triángulo del Litio», una zona geográfica que abarca el norte de Chile, Argentina y Bolivia, mientras que el cobalto proviene en un 70% de la República Democrática del Congo (RDC). En ambas regiones, la explotación minera ha generado severas controversias debido a su impacto sobre los ecosistemas y las comunidades locales.
En el caso del litio, su extracción a partir de salmueras implica el bombeo intensivo de agua subterránea, lo que ha desencadenado una competencia directa con las poblaciones indígenas por este recurso vital. Un estudio del National Research Council of Argentina (CONICET) publicado en 2022 documentó una caída significativa en los niveles freáticos en la cuenca del Salar de Hombre Muerto, afectando pasturas, biodiversidad y modos de vida ancestrales.
Por su parte, el cobalto enfrenta un panorama aún más complejo. La minería artesanal en la RDC —denominada «informal», pero que representa más del 15% de la producción mundial— involucra a decenas de miles de trabajadores, incluidos niños. Organizaciones como Amnistía Internacional y The Carter Center han documentado desde 2016 las deplorables condiciones de seguridad, explotación laboral y violaciones sistemáticas a los derechos humanos en estas minas.
Injusticias estructurales y colonialismo extractivo
Más allá del daño ambiental inmediato, el modelo de extracción de litio y cobalto reproduce patrones históricos de desigualdad. Las regiones proveedoras de estos minerales no reciben proporcionalmente los beneficios económicos derivados de su explotación. Según un informe del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), más del 80% de las ganancias en la cadena de valor del litio se generan fuera de América Latina, principalmente en plantas de procesamiento y ensamblaje en Asia y Europa.
En el caso del cobalto, la RDC continúa atrapada en una estructura económica altamente dependiente de la minería, sin desarrollo tecnológico asociado. Esta asimetría es un reflejo del neocolonialismo extractivo que se disfraza de transición verde. Así, la electrificación del Norte Global se construye, en parte, sobre la precarización del Sur Global.
¿Transición energética o transacción desigual?
La urgencia por alcanzar los objetivos del Acuerdo de París ha acelerado la demanda de tecnologías de bajas emisiones. La Agencia Internacional de Energía (AIE) proyecta que la demanda de litio se multiplicará por 4.5 y la de cobalto por 2.5 para 2030. Sin embargo, esta presión sobre la oferta puede agravar los impactos actuales si no se reformulan las prácticas de extracción y las cadenas de suministro.
Empresas como Tesla, BMW y Apple han anunciado en los últimos años estrategias para trazar sus cadenas y garantizar “minerales limpios”. No obstante, los avances son aún parciales y, en muchos casos, carecen de mecanismos independientes de verificación. La OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains establece parámetros claros para evitar complicidad con abusos, pero su adopción no es universal ni obligatoria.
Hacia cadenas limpias y justicia ambiental
Una transformación auténtica de la cadena del litio y cobalto requiere ir más allá de la trazabilidad técnica. Implica la integración de principios de justicia ambiental y justicia social. Esto significa respetar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas (como lo establece el Convenio 169 de la OIT), promover la participación directa de actores locales en los beneficios de la industria, y adoptar modelos productivos circulares que minimicen el uso de nuevos recursos vírgenes.
En este contexto, las iniciativas de reciclaje y reutilización de baterías emergen como una pieza clave. Empresas como Redwood Materials en Estados Unidos y Li-Cycle en Canadá han comenzado a escalar tecnologías que permiten recuperar hasta el 95% del litio, cobalto y níquel contenidos en baterías usadas. Una cadena verdaderamente limpia y ética deberá integrar esta lógica circular en su diseño estructural.
Reformular la minería verde: ¿modelo extractivo o paradigma regenerativo?
No es suficiente con “hacer menos daño”. El paradigma de la minería para la transición debe transformarse hacia un enfoque regenerativo, en el que el desarrollo tecnológico no dependa de la explotación de comunidades vulnerables ni de la degradación ambiental irreversible. Esto requiere una visión política de largo plazo, cooperación internacional y una voluntad ética coherente con los principios de sostenibilidad que se proclaman desde el discurso climático global.
Los países productores de litio y cobalto deben asumir un papel más protagónico, no solo como proveedores de recursos, sino como diseñadores de las reglas del juego. La nacionalización del litio en Bolivia, la política de valor agregado en Argentina, o las recientes reformas mineras en Chile son ejemplos de intentos por retener soberanía y beneficios. En África, iniciativas como la Battery Minerals Value Chain promovida por la Unión Africana podrían apuntar en la misma dirección.
De recursos estratégicos a derechos estratégicos
La transición energética no puede construirse a costa de los derechos humanos ni del equilibrio ecológico. Si el litio y el cobalto son recursos estratégicos para descarbonizar la economía, también deben ser considerados estratégicos para construir una nueva ética del desarrollo. Lograr cadenas limpias, justas y trazables no es solo una exigencia ambiental, sino una condición política para la legitimidad de la transición energética global
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