La fiebre del litio se instala en México con promesas de empleo, movilidad eléctrica y autonomía energética. Pero los desafíos ambientales, sociales y regulatorios no son menores. ¿Quién se beneficia realmente?
En medio del auge global por las baterías de iones de litio, México emerge como un actor estratégico. Con reservas estimadas entre las diez más grandes del mundo, el país avanza hacia una posición clave en la nueva geopolítica energética. Pero el entusiasmo por el litio en México convive con interrogantes sobre soberanía, impacto ecológico y participación de las comunidades.
El contexto del litio en México: entre potencial y controversia
El litio es fundamental para baterías recargables utilizadas en vehículos eléctricos, almacenamiento renovable, electrónica portátil y sistemas industriales. Su demanda global podría triplicarse hacia 2030, según la Agencia Internacional de Energía (IEA).
México, consciente de esta oportunidad, nacionalizó el litio en 2022 mediante una reforma a la Ley Minera, estableciendo que su explotación será controlada por el Estado a través de LitioMX. No obstante, esta decisión ha generado tensiones legales con empresas privadas que ya tenían concesiones activas, especialmente en Sonora.
En 2024, el Servicio Geológico Mexicano identificó 82 posibles yacimientos. El más avanzado es el proyecto Sonora, inicialmente liderado por la firma británica Bacanora Lithium (hoy parte de Ganfeng Lithium), aunque su operación está en pausa por disputas jurídicas y ambientales.
Beneficios prometidos: autos eléctricos, empleo e inversión
Litio como catalizador de la industria eléctrica mexicana
Uno de los principales argumentos a favor del desarrollo del litio en México es su potencial para fomentar la electromovilidad. El litio nacional permitiría producir baterías localmente, reducir costos de importación y detonar una cadena industrial alrededor de los autos eléctricos.
De hecho, el gobierno ha anunciado una Alianza por el Litio junto a Bolivia, Argentina y Chile, con el objetivo de establecer estándares comunes para la extracción, procesamiento e industrialización del mineral.
Empleo local y desarrollo regional
En el caso de Sonora, se estimaba que el proyecto generaría hasta 3,000 empleos directos e indirectos. Además, podría incentivar el crecimiento de infraestructura en zonas rurales, como caminos, energía, agua potable y servicios básicos.
Sin embargo, expertos advierten que la cadena de valor del litio es intensiva en capital, pero no necesariamente en mano de obra, por lo que los beneficios deben medirse con cautela.
Riesgos ambientales y tensiones comunitarias
Impacto ecológico: agua, territorio y biodiversidad
La extracción de litio, especialmente mediante técnicas de evaporación en salares o lixiviación química en arcillas, requiere grandes volúmenes de agua y puede generar residuos tóxicos. En regiones áridas como el noroeste mexicano, esto representa una amenaza directa a acuíferos y ecosistemas locales.
ONGs y académicos han advertido que, sin regulación estricta, el litio podría repetir los patrones extractivistas del pasado: depredación ambiental, acaparamiento de tierras y conflictos sociales.
El papel de las comunidades indígenas
En zonas como Bacadéhuachi y Nácori Chico, en Sonora, comunidades yaquis y otros pueblos originarios reclaman su derecho a ser consultados antes de que avance cualquier proyecto. La falta de consulta previa, libre e informada, como exige el Convenio 169 de la OIT, podría invalidar licencias y detonar litigios internacionales.
Soberanía energética y el rol del Estado
LitioMX: ¿una empresa estratégica o un cascarón burocrático?
Creada en 2022, Litio para México (LitioMX) aún no cuenta con operaciones activas ni infraestructura técnica. Su plan maestro ha sido postergado varias veces y no existe claridad sobre cómo se financiará o con qué socios trabajará.
La falta de experiencia estatal en minería y el riesgo de politización del recurso han despertado dudas sobre si el litio será realmente palanca de desarrollo o bien un símbolo vacío de soberanía.
Oportunidades de colaboración público-privada
Expertos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) proponen esquemas mixtos, donde LitioMX tenga participación estatal mayoritaria, pero aproveche la experiencia técnica y comercial de actores privados. Modelos como el chileno (Codelco + privados) podrían servir como referencia.
¿Qué está en juego para el ciudadano?
Transición energética con responsabilidad social
La explotación del litio puede ser un componente clave en la lucha contra el cambio climático si se hace con criterios de justicia ambiental. Una batería limpia no debe construirse sobre territorios contaminados o comunidades despojadas.
Vigilancia y exigencia ciudadana
Organizaciones civiles exigen que cualquier proyecto de litio incluya reglas claras de trazabilidad, consulta pública, gestión de residuos y beneficios compartidos. Como consumidor, tu rol también cuenta: al elegir productos con insumos responsables, envías una señal al mercado.
¿despertar del futuro o repetir el pasado?
El litio en México representa una oportunidad inédita para reindustrializar el país, impulsar energías limpias y ganar autonomía energética. Pero también abre la puerta a un nuevo ciclo extractivo, si no se regula y fiscaliza con transparencia, participación social y justicia ambiental. La riqueza está bajo tierra, pero el verdadero valor está en cómo la gestionamos. Y eso, nos involucra a todos.
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