El gobierno mexicano tiene la intención de alargar la regularización de autos usados de origen extranjero, mejor conocidos como «autos chocolate», hasta el día 30 de noviembre del año en curso, con la intención de reducir desigualdades y brindar acceso a vehículos para miles de familias.
La propuesta realizada por la Secretaría de Hacienda y Economía a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria propone la extensión de una medida que se ha utilizado desde el 2011 aún con múltiples modificaciones, permitiendo que vehículos importados desde Estados Unidos, Canadá o ensamblados en México, estén el país siempre que cumplan con normas ambientales y de seguridad.
El documento firmado por Marcelo Ebrard y Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y crédito público, propone la extensión de su versión más reciente, la cual era aplicable hasta septiembre de 2024, permitiendo que los propietarios de vehículos tuvieran certeza jurídica en algunos estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas.
La razón para extender este plazo según la propuesta presentada ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, explica que los estados con mayor cercanía a la frontera, facilita la llegada de vehículos usados, los cuales son una alternativa muy segura para quienes no pueden costear un vehículo nuevo, haciendo énfasis en que la economía mexicana de estados cercanos con EEUU funciona de una manera muy diferente.
La medida intenta fortalecer la integración comercial de Norteamérica, la cual bajo estándares de seguridad ambiental, puede generar que haya un crecimiento económico regional y la formalización de los propietarios. Aunque, expertos se debaten sobre los impactos de los «autos chocolate» que en mayor medida no cuentan con la tecnología suficiente o modernidad de eficiencia, lo que puede desencadenar en la afectación de metas ambientales nacionales.
Aún así, la demanda de estos autos es bastante alta, por su accesibilidad de precios y facilidad de compra. Por lo que, la propuesta deberá de ser presentada en el Diario Oficial de la Federación para poder entrar en vigor. Y en caso de ser aprobada, se mantendría vigente hasta finales de 2026.
