En medio de crecientes tensiones en el sector energético, versiones provenientes del análisis periodístico advierten sobre presuntas estrategias para ocultar un posible desabasto de gasolina y diésel en distintas regiones del país, a través de mecanismos regulatorios y operativos que impactan directamente a estaciones de servicio.
De acuerdo con lo señalado por el periodista Carlos Loret de Mola en su columna publicada en Vanguardia MX, el Gobierno Federal estaría implementando una “operación compleja” que implicaría la clausura temporal de gasolineras bajo diversos argumentos administrativos, con el objetivo de evitar reconocer públicamente la falta de combustibles.
Según esta versión, autoridades federales han incrementado de manera inusual las inspecciones a estaciones de servicio, incorporando nuevos requisitos o endureciendo revisiones relacionadas con seguridad, impacto ambiental, documentación y control de precios. Estas acciones, que derivan en cierres de entre dos y tres días, han sido calificadas como inconsistentes por empresarios del sector, quienes aseguran que muchas de estas observaciones no formaban parte de las exigencias habituales.
La hipótesis planteada apunta a que dichas clausuras temporales permitirían reorganizar la distribución del combustible disponible, en un esquema rotativo donde, mientras algunas estaciones permanecen cerradas, otras reciben suministro. Una vez reabiertas, el producto llega, pero el ciclo se repetiría en otros puntos, generando lo que se describe como un “carrusel” operativo.
El análisis también destaca que, inicialmente, los gasolineros interpretaron las clausuras como resultado de posibles incumplimientos; sin embargo, la frecuencia de los cierres y la naturaleza de los argumentos utilizados despertaron sospechas dentro del sector. En recorridos fuera de grandes centros urbanos, la presencia de estaciones cerradas o clausuradas se ha vuelto más visible, de acuerdo con lo expuesto.
Otro punto de tensión señalado es la percepción de competencia desigual, ya que, según estas afirmaciones, estaciones bajo la marca Pemex no enfrentarían los mismos problemas de suministro, lo que ha generado inconformidad entre empresarios privados.
El contexto se vuelve más relevante al considerar los niveles de almacenamiento de combustibles en México. De acuerdo con lo mencionado en la columna, el país contaría con reservas equivalentes a aproximadamente tres días de consumo, muy por debajo de lo establecido por la regulación nacional que exige al menos 18 días y de los estándares internacionales, donde países de la OCDE mantienen inventarios cercanos a 90 días.
Estas condiciones, de confirmarse, representarían un riesgo significativo para la seguridad energética del país, especialmente ante posibles interrupciones en la cadena de suministro o eventos imprevistos.
Asimismo, el análisis retoma cuestionamientos sobre la política energética reciente, incluyendo metas de producción petrolera que no se han alcanzado y la persistente dependencia de importaciones de combustibles. En este contexto, también se mencionan desafíos operativos en proyectos estratégicos como la refinería de Dos Bocas, cuya producción ha registrado variaciones.
Si bien las autoridades no han emitido una postura oficial frente a estas afirmaciones, el tema abre un nuevo frente de debate sobre la transparencia, la regulación y la estabilidad del suministro energético en México, en un momento donde la seguridad energética se posiciona como un eje clave para el desarrollo económico.
La evolución de este tema será determinante para entender el balance entre política pública, operación industrial y confianza del sector privado en el mercado de combustibles del país.
