El Ministerio de Industria y Turismo ha extendido las compensaciones por costes indirectos de emisiones de dióxido de carbono (CO2) a más de veinte sectores industriales, con el fin de fortalecer la competitividad y apoyar a empresas afectadas por el aumento de costos energéticos.
Ampliación del mecanismo de compensación
Jordi Hereu, titular del Ministerio, anunció la modificación del Real Decreto 309/2022, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que adapta la normativa española a las nuevas directrices europeas sobre ayudas estatales relacionadas con el comercio de derechos de emisión de CO2. Esta medida responde al riesgo creciente de fuga de carbono y a la presión competitiva que enfrentan diversos sectores industriales.
Incorporación de sectores estratégicos
Entre los nuevos beneficiarios se encuentran actividades consideradas estratégicas, como la fabricación de productos básicos de química orgánica, fertilizantes, compuestos nitrogenados, plásticos en formas primarias, fibras artificiales y sintéticas, pilas y acumuladores eléctricos, vidrio plano y hueco, así como la producción de azulejos y baldosas cerámicas. Además, sectores como el textil, la madera y la minería metálica también se incluyen en el sistema de ayudas.
La reforma incrementa la intensidad máxima de la ayuda para los sectores ya incluidos, pasando del 75% al 80% de los costes indirectos derivados del CO2. Los nuevos sectores incorporados podrán recibir hasta un 75% de compensación. El Ministerio prevé publicar próximamente la convocatoria correspondiente a este año.
Estrategia de apoyo a la industria electrointensiva
El Gobierno enmarca esta ampliación dentro de su estrategia para respaldar a la industria electrointensiva. En 2025, destinó 600 millones de euros para compensar los costes indirectos de CO2, el doble que en la convocatoria anterior. Desde 2019, se han movilizado cerca de 2.000 millones de euros en ayudas directas a estas industrias mediante diversos instrumentos.
Objetivos del mecanismo de compensación
Este mecanismo busca reducir el impacto de los costes asociados a las emisiones de CO2 en el precio de la electricidad consumida por industrias con alta intensidad energética. Así, se pretende preservar la competitividad empresarial, mantener el empleo industrial y evitar la deslocalización hacia países con menores exigencias ambientales.
El Gobierno señala que la ampliación de las ayudas permitirá a más empresas enfrentar mejor los retos de la transición energética y la competencia internacional. Además, contribuirá a impulsar la transformación y descarbonización del sector industrial español.
