El desarrollo de nueva infraestructura eléctrica en México enfrenta un reto que va más allá de la capacidad de generación, el financiamiento o la disponibilidad de recursos: la aceptación social de los proyectos.
Este año, cuatro desarrollos eléctricos vinculados con comunidades que manifestaron su oposición han quedado fuera de los planes originales, con inversiones superiores a 800 millones de dólares y una capacidad conjunta cercana a 800 megawatts (MW), de acuerdo con información de Agencia Reforma.
Entre los casos se encuentran los proyectos fotovoltaicos Tecozautla, en Hidalgo, y Ticul A y Ticul B, en Yucatán, además del parque eólico Gunaa Sicarú, en Oaxaca. Los procesos y fechas de cancelación de cada desarrollo son distintos, por lo que no todos corresponden a una consulta comunitaria realizada durante 2026.
Tecozautla, el caso más reciente
El caso más reciente corresponde a la central fotovoltaica FV Tecozautla, impulsada por Green Park Energy, filial de la española Cox.
El proyecto contemplaba una superficie de aproximadamente 588.5 hectáreas, con una capacidad de generación autorizada de hasta 122.368 MW y un sistema de almacenamiento con baterías de 31.39 MW y 96.09 MWh. La Manifestación de Impacto Ambiental contemplaba, entre otros componentes, más de 204 mil paneles fotovoltaicos, subestaciones, caminos internos y un área para almacenamiento de energía.
De acuerdo con la información reportada por Agencia Reforma, 63.1% de la población de cuatro comunidades votó en contra del proyecto durante una consulta, principalmente por preocupaciones relacionadas con los recursos naturales y los derechos territoriales. Posteriormente, Green Park Energy desistió del desarrollo tras recibir las actas de rechazo comunitario.
La escala territorial del proyecto permite dimensionar el desafío. De las 588.5 hectáreas contempladas, alrededor de 70.3 hectáreas estaban destinadas a la instalación de los paneles solares y tres hectáreas al sistema de almacenamiento con baterías.
La central había obtenido previamente un permiso de generación de la Comisión Nacional de Energía y una autorización ambiental, por lo que el caso muestra que contar con permisos regulatorios no necesariamente elimina los retos asociados con la relación entre los desarrolladores y las comunidades.
Ticul A y Ticul B: siete años de conflicto comunitario
En Yucatán, los proyectos Ticul A y Ticul B, desarrollados por Vega Solar 1 y Vega Solar 2, enfrentaron durante años la oposición de comunidades mayas de San José Tipcéh y Planchan.
En junio de 2026 se confirmó la cancelación de ambos proyectos después de un proceso judicial que se prolongó durante aproximadamente siete años. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), las autorizaciones ambientales quedaron sin efectos.
Los dos parques contemplaban una capacidad conjunta de 310.5 MW, con más de 1.2 millones de paneles fotovoltaicos y una superficie de aproximadamente 738 hectáreas, de acuerdo con documentación de la Secretaría de Energía correspondiente al proceso de consulta.
El caso adquirió una dimensión adicional debido a los cuestionamientos sobre la evaluación separada de los impactos ambientales, sociales y culturales de ambos proyectos. El Cemda sostuvo que las evaluaciones fragmentadas no permitieron analizar integralmente los efectos de los dos parques sobre el territorio.
Gunaa Sicarú: un antecedente distinto
El proyecto eólico Gunaa Sicarú, en Oaxaca, constituye un caso diferente dentro de esta lista.
La CFE canceló en 2022 el contrato de suministro eléctrico que mantenía con Électricité de France (EDF), decisión que derivó en la cancelación del megaproyecto eólico después de años de litigio y conflicto con comunidades del Istmo, particularmente Unión Hidalgo.
EDF anunció posteriormente, en enero de 2026, el fin del proyecto; sin embargo, las controversias legales relacionadas con los impactos y los derechos de las comunidades continúan. En septiembre de 2026, un tribunal de París analizó el caso presentado por integrantes de Unión Hidalgo contra EDF.
Por ello, Gunaa Sicarú debe entenderse como un antecedente de largo plazo que volvió a tener relevancia en 2026, y no como un proyecto cancelado este año exclusivamente a raíz de una consulta reciente.
El reto: desarrollar energía sin desvincularla del territorio
Los casos ponen sobre la mesa una discusión cada vez más relevante para el crecimiento de la infraestructura eléctrica mexicana: la viabilidad social de los proyectos debe formar parte de la planeación desde sus primeras etapas.
Especialistas consultados por Agencia Reforma señalaron que históricamente algunos desarrolladores han concentrado las negociaciones en propietarios o arrendatarios de los terrenos, sin considerar suficientemente las dinámicas comunitarias, así como las relaciones culturales y espirituales que existen con determinados territorios.
Este punto resulta especialmente relevante en regiones con un alto potencial para proyectos solares y eólicos, donde pueden coexistir terrenos de interés para la infraestructura energética con territorios de uso tradicional, espacios culturalmente relevantes o comunidades indígenas y afromexicanas.
El desafío no consiste únicamente en obtener derechos sobre la tierra. También implica establecer mecanismos de información, participación y beneficios que permitan a las comunidades conocer el alcance de los proyectos y participar en condiciones claras y transparentes.
La transición energética también requiere licencia social
México busca ampliar su capacidad de generación eléctrica y elevar la participación de las energías renovables. Sin embargo, el crecimiento de la infraestructura solar y eólica implica resolver simultáneamente variables técnicas, ambientales, regulatorias y sociales.
Los casos de Tecozautla y Ticul muestran que la aceptación comunitaria puede convertirse en un factor determinante para la continuidad de un proyecto, incluso después de procesos regulatorios y de planeación que pueden extenderse durante años.
Para los desarrolladores, esto significa que la relación con las comunidades deja de ser un componente periférico y adquiere un peso estratégico en la estructuración de proyectos: desde la selección del sitio y la evaluación de impactos hasta los esquemas de participación y distribución de beneficios.
La expansión de las energías renovables en México, por tanto, no dependerá únicamente de cuántos megawatts puedan incorporarse al Sistema Eléctrico Nacional. También estará condicionada por la capacidad de construir proyectos que sean técnicamente viables, ambientalmente responsables y socialmente sostenibles.
