Avances recientes en la infraestructura de carga rápida
En 2025, México ha registrado un notable incremento en la instalación de estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos. Según datos de la Electro Movilidad Asociación (EMA), el número total de puntos de recarga alcanzó los 47,456 en el primer trimestre del año, representando un crecimiento del 5.5% respecto al cierre de 2024. Este avance ha sido impulsado por la colaboración entre el sector público y privado, con empresas como VEMO y Siemens liderando proyectos para instalar estaciones de carga rápida de 160 kW en corredores estratégicos del país.
La expansión se ha centrado en estados clave como Nuevo León, Jalisco, Puebla, Estado de México y Ciudad de México, donde la adopción de vehículos eléctricos está en aumento. Estas regiones han visto una integración más robusta de infraestructura de carga, facilitando la transición hacia la movilidad eléctrica.
Desigualdad en la distribución y estandarización de la infraestructura
A pesar del crecimiento, persisten desafíos significativos en la distribución equitativa de la infraestructura de carga rápida. La mayoría de las estaciones se concentran en áreas urbanas, dejando a regiones rurales y periféricas con acceso limitado. Además, la falta de estandarización en los conectores y protocolos de carga complica la interoperabilidad entre diferentes sistemas, lo que puede disuadir a potenciales usuarios de vehículos eléctricos.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Asociación Mexicana de la Industria de Vehículos Eléctricos (AMIVE) están trabajando en establecer normas y estándares claros para la instalación de puntos de carga en todo el país. Sin embargo, la implementación efectiva de estas regulaciones aún enfrenta obstáculos logísticos y financieros.
Hacia una expansión sostenible y equitativa
La consolidación de una red de carga rápida verdaderamente funcional y equitativa en México exige algo más que voluntad política o inversión aislada: requiere una estrategia integral que reconozca las asimetrías actuales del sistema. Una de las prioridades más urgentes es la expansión de infraestructura en zonas desatendidas. Hoy, la mayoría de estaciones de carga se concentran en corredores urbanos, mientras regiones rurales y áreas periféricas permanecen prácticamente excluidas del mapa de la electromovilidad. Esta desigualdad territorial puede profundizar la brecha digital y energética del país si no se corrige con una política deliberada de inclusión.
Al mismo tiempo, la estandarización tecnológica es una condición indispensable para asegurar la interoperabilidad entre distintos proveedores. Protocolos como el Open Charge Point Protocol (OCPP) ofrecen una vía para que los usuarios accedan a servicios de carga sin enfrentar barreras técnicas o de compatibilidad, lo que también reduce costos operativos para los operadores de red.
En este escenario, el papel del sector privado es clave, pero requiere de estímulos adecuados. Los beneficios fiscales, los créditos blandos y los esquemas de coinversión pueden acelerar la implementación de infraestructura en lugares donde la rentabilidad inmediata no es evidente pero sí lo es el valor estratégico. A ello debe sumarse una agenda de concientización y formación ciudadana: la transición energética no es sólo tecnológica, sino también cultural. Fomentar el conocimiento sobre los beneficios del vehículo eléctrico y su ecosistema de carga es vital para construir confianza y acelerar la adopción.
Perspectivas y acciones futuras en México
México se encuentra en una etapa crucial para consolidar su infraestructura de carga rápida para vehículos eléctricos. Si bien los avances hasta 2025 son significativos, es fundamental continuar con esfuerzos coordinados entre el gobierno, la industria y la sociedad civil para superar los desafíos existentes. La implementación de políticas públicas efectivas, junto con inversiones estratégicas y una planificación integral, permitirá a México posicionarse como líder en movilidad sostenible en América Latina.
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