El futuro del petróleo latinoamericano está hoy marcado por la encrucijada de la transición energética. América Latina, rica en reservas fósiles y con una larga tradición como proveedor energético global, debe decidir cómo reposicionarse ante el impulso mundial hacia la descarbonización.
Las decisiones que se tomen en esta década serán determinantes no solo para la economía regional, sino también para su papel geopolítico, ambiental y social en el nuevo orden energético.
Una región petrolera con activos estratégicos
América Latina posee aproximadamente el 20% de las reservas probadas de petróleo del mundo, según la OPEP. Venezuela encabeza la lista con más de 300 mil millones de barriles, aunque sus niveles de producción han caído drásticamente por razones políticas y técnicas.
Brasil, en cambio, ha incrementado su producción en la última década, gracias al desarrollo de yacimientos offshore en el presal, que ya aportan más del 75% de su producción nacional.
México mantiene una base sólida de producción, aunque en declive estructural. Pemex produjo alrededor de 1.6 millones de barriles diarios en el primer trimestre de 2025, según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), mientras trabaja por estabilizar sus campos maduros y concretar proyectos de recuperación secundaria.
Colombia y Ecuador también son exportadores relevantes. El petróleo representa más del 30% de los ingresos fiscales ecuatorianos y cerca del 40% de las exportaciones colombianas. A ellos se suma Guyana, cuyo ascenso ha sido meteórico. Con hallazgos operados por ExxonMobil, este país podría superar los 1.2 millones de barriles diarios para finales de esta década, rivalizando con potencias tradicionales.
Estos activos convierten a la región en un jugador estratégico, pero también plantean un dilema profundo: ¿cómo gestionar esa riqueza fósil en un mundo que gira hacia la neutralidad de carbono?
La presión climática y la economía fósil: una tensión creciente
Los compromisos internacionales firmados en el marco del Acuerdo de París obligan a reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2050. Esto implica un cambio estructural en la matriz energética global y una paulatina reducción del uso de petróleo. La Agencia Internacional de Energía advierte que, para alcanzar las metas de cero emisiones netas, la demanda global de crudo debe disminuir en más del 70% hacia mediados de siglo.
En América Latina, esta transición choca con realidades complejas. Muchos países dependen del petróleo como fuente principal de ingresos fiscales, generación de divisas y empleo. Además, las inversiones petroleras han sido un motor de infraestructura, desarrollo regional y financiamiento de programas sociales. La eliminación rápida de estos ingresos sin una alternativa viable puede tener efectos devastadores en estabilidad económica y gobernabilidad.
Por otro lado, las exigencias internacionales hacia una economía verde aumentan. Grandes fondos de inversión están desinvirtiendo en activos fósiles. Las empresas petroleras enfrentan cada vez más restricciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) para acceder a financiamiento. Y los países compradores están imponiendo aranceles climáticos o certificaciones que dificultan la exportación de productos intensivos en carbono.
Adaptación estratégica: rutas, proyectos y propuestas en marcha
Pese a las tensiones, algunos países han comenzado a delinear estrategias para no quedar rezagados. Brasil ha fortalecido su matriz energética renovable (con más del 80% proveniente de fuentes limpias) y apuesta por el desarrollo del hidrógeno verde. La petrolera estatal Petrobras también ha iniciado procesos de reconversión industrial y captura de carbono.
Colombia, bajo su actual política energética, ha congelado la expedición de nuevos contratos de exploración y plantea una transición justa enfocada en diversificación productiva, eficiencia energética y energías alternativas como la solar y eólica. La estatal Ecopetrol ha creado una filial dedicada exclusivamente a proyectos verdes.
México, aunque con una política más conservadora en cuanto a descarbonización, ha incrementado la inversión pública en refinerías, gas natural y combustibles de transición. Sin embargo, también anunció en 2024 su intención de ampliar la capacidad instalada en energía solar a través de CFE y parques como Puerto Peñasco.
Guyana representa un caso atípico. A pesar de los llamados internacionales, su gobierno ha defendido el desarrollo petrolero como una vía para financiar su transición energética a futuro. Su Fondo Soberano, inspirado en el modelo noruego, busca canalizar las rentas del crudo hacia inversión en salud, educación e infraestructura verde.
Organismos como el BID y la CEPAL han sugerido crear fondos regionales para la transición energética, reconversión laboral y mitigación de impactos. La propuesta de una alianza latinoamericana para el litio, el hidrógeno y las renovables también está en discusión, como vía para sustituir gradualmente el peso del petróleo.
El nuevo lugar de América Latina en la geopolítica energética
Más allá de la producción física de petróleo, América Latina está llamada a jugar un papel más complejo en el ecosistema energético global. Posee minerales críticos (como litio, cobre y níquel), vasto potencial solar y eólico, y capacidad para producir biocombustibles de segunda generación.
La región puede convertirse no solo en exportadora de petróleo, sino en proveedora estratégica de insumos para la transición energética mundial. Esto requerirá reformas regulatorias, inversiones en tecnología, coordinación regional y mecanismos de financiamiento inclusivo.
También es urgente fortalecer la gobernanza energética regional. La fragmentación actual limita la capacidad de negociación conjunta. Una mayor integración permitiría optimizar infraestructura, intercambiar excedentes, desarrollar redes eléctricas transfronterizas y promover sinergias tecnológicas.
Soberanía energética con visión de futuro
El futuro del petróleo latinoamericano no se define únicamente por su volumen de reservas o capacidad exportadora. Lo definirá su habilidad para adaptarse, reconvertirse y liderar desde su experiencia y recursos. La transición energética no significa apagar el petróleo de un día para otro, sino diseñar una estrategia de salida planificada, equitativa y basada en ciencia y tecnología.
Cada país deberá encontrar su propio equilibrio entre rentabilidad fósil y sostenibilidad climática. Pero todos comparten la responsabilidad de no aferrarse al modelo extractivista cuando el mundo ya se está moviendo hacia nuevos paradigmas.
La soberanía energética del siglo XXI no se medirá solo en barriles producidos, sino en capacidad de innovación, resiliencia y justicia ambiental.
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