Cancelación de proyectos eólicos marinos: una pausa que agita al sector energético
La administración del presidente Donald Trump ha emitido una orden que detiene indefinidamente la aprobación de nuevas concesiones federales para proyectos de energía eólica marina en Estados Unidos. Esta decisión, que entró en vigor el 29 de julio de 2025, ha sido comunicada oficialmente por la Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM), y representa un viraje de alto impacto en la política energética federal. Para muchos actores del sector, se trata de un mensaje claro: las renovables, en especial el offshore wind, dejarán de ser prioridad en el corto y mediano plazo.
Justificación oficial: argumentos económicos y ambientales
Según la Casa Blanca, la cancelación de proyectos eólicos marinos responde a una revisión exhaustiva sobre la viabilidad económica y los impactos ambientales del desarrollo offshore. En el comunicado oficial, se subraya que los costos actuales de las instalaciones marinas superan con creces los beneficios estimados, y que se requiere una evaluación más rigurosa de los efectos sobre ecosistemas costeros, rutas de navegación y operaciones pesqueras. También se ha mencionado la necesidad de proteger la seguridad nacional, aludiendo a posibles vulnerabilidades tecnológicas en infraestructura crítica desarrollada por actores extranjeros.
La administración Trump considera que los subsidios federales destinados a estos proyectos comprometen recursos que podrían redirigirse hacia fuentes de energía “más confiables y competitivas”, una alusión implícita al fortalecimiento de la industria de hidrocarburos.
Contraste con la administración anterior: de la expansión a la contención
La medida marca un punto de inflexión respecto al impulso decidido de la energía eólica marina bajo el mandato de Joe Biden. En su momento, el gobierno demócrata había proyectado alcanzar una capacidad instalada de 30 gigavatios de energía eólica marina para 2030, con decenas de licencias otorgadas en la costa atlántica y proyectos piloto en desarrollo en el Pacífico. Este esfuerzo fue respaldado con inversiones públicas, mecanismos de financiamiento verde y metas vinculantes en materia de descarbonización.
Ahora, con el regreso de Trump a la presidencia, la narrativa ha cambiado. Se impone una lógica centrada en la autosuficiencia energética a partir de fuentes convencionales, el desmantelamiento de regulaciones ambientales y una menor intervención federal en la planificación climática.
Impacto directo en estados costeros e inversionistas privados
La cancelación de los procesos de concesión representa un golpe directo a los planes de expansión de estados como Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts. Estos gobiernos habían apostado por proyectos eólicos como parte de sus estrategias climáticas y de desarrollo económico local, con estimaciones que incluían miles de empleos, cadenas de suministro industriales y modernización portuaria.
Además, varias empresas ya habían comprometido capital en estudios técnicos, licitaciones, análisis de impacto y contratos preliminares. Con la pausa federal, muchos de estos planes se ven hoy paralizados o sujetos a renegociación. El riesgo reputacional, sumado a la incertidumbre jurídica, podría tener efectos duraderos sobre el apetito inversor en energías renovables dentro del territorio estadounidense.
Reacciones divididas y creciente polarización energética
La decisión ha provocado una oleada de reacciones encontradas. Por un lado, líderes ambientales, expertos climáticos y ejecutivos del sector de energías limpias han expresado su preocupación, argumentando que Estados Unidos pierde competitividad tecnológica frente a Europa y China, y compromete su credibilidad en compromisos multilaterales.
Por otro lado, sectores tradicionalmente críticos de las energías renovables —como la industria pesquera, representantes de comunidades costeras conservadoras y think tanks vinculados al petróleo y gas— han celebrado la medida como una “corrección racional” frente a lo que consideran un exceso de intervencionismo climático.
En términos políticos, la decisión refuerza la línea dura del trumpismo en materia energética: menos regulaciones, más producción local de combustibles fósiles, y una apuesta por restaurar el dominio industrial a través del gas, el petróleo y el carbón.
Señales de fondo: ¿retroceso o realineamiento estratégico?
Más allá de la coyuntura, la cancelación de proyectos eólicos marinos pone en evidencia una fractura más amplia en la visión energética de Estados Unidos. El debate ya no es técnico, sino profundamente ideológico. ¿Debe la política energética responder a metas climáticas globales o a objetivos domésticos de rentabilidad y seguridad? ¿Cuál es el papel del Estado en la transición energética: facilitador, inversor o mero árbitro?
La actual administración ha optado por una lectura pragmática en clave electoral y geoeconómica. Con una base política firmemente alineada con intereses extractivos y un electorado sensible al precio de la energía, el discurso anti-renovable tiene mayor tracción que en ciclos anteriores.
Un giro que reconfigura el rumbo energético de EE.UU.
La cancelación de proyectos eólicos marinos no solo marca un freno técnico al desarrollo offshore, sino que representa un rediseño estructural del mapa energético de Estados Unidos. Las implicaciones no se limitan a los megavatios perdidos: afectan la reputación del país como líder en innovación verde, desincentivan el capital privado en infraestructura sostenible y fragmentan la cooperación federal-estatal en materia climática.
Mientras Europa consolida su liderazgo en energía eólica marina y Asia acelera la construcción de parques flotantes, Estados Unidos corre el riesgo de quedar rezagado en una de las transiciones industriales más decisivas del siglo XXI.
Te invito a leer:
Reflexiones del 4 de julio en clave económica, energética y geopolítica
