El Congreso de Campeche ha elevado el tono de la lucha contra el huachicoleo, exigiendo que las investigaciones incluyan no solo a los choferes capturados, sino a los posibles autores intelectuales —funcionarios, empresarios y gasolineras implicadas—. Esto se presenta como una acción estratégica y necesaria para romper toda la cadena de complicidad delictiva y no solo abordar la punta del iceberg.
La aplicación estricta de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos (con penas de 20 a 30 años y multas millonarias) es un avance significativo. Sin embargo —y aquí radica el desafío— el éxito real dependerá de la efectividad investigadora, la coordinación entre instancias y, sobre todo, la voluntad política para perseguir a los eslabones de poder detrás del delito.
La exigencia de Canacintra de ir “hasta el fondo” refuerza esa visión integral, al reconocer que detener al transportista es solo el inicio, no el fin de una estrategia contra la impunidad.
Un problema estructural que exige una respuesta estructurada
El robo de combustible —o huachicoleo— en Campeche ha dejado de ser una serie de incidentes aislados para convertirse en un síntoma claro de redes más profundas y organizadas. El Congreso Local, encabezado por la Comisión de Enlace en Materia de Estudios Legislativos, ha señalado con firmeza que el problema rebasa los actos de transporte ilegal y alcanza estructuras con capacidad económica y política para sostener el delito.
La noticia de un reciente aseguramiento de un camión cisterna con 18 000 litros de combustible y la detención de sus operadores confirma que las autoridades están actuando. Sin embargo, los legisladores advierten que estos decomisos son solo el primer paso. Las redes criminales que controlan el huachicoleo requieren un golpe de mayor alcance: ir contra quienes lo planifican, lo financian y lo encubren.
Fallo en el enfoque tradicional: detener transportistas no basta
El modelo de actuación que se limita a capturar operadores o choferes ha demostrado sus límites. Estos individuos, muchas veces, son eslabones prescindibles dentro de una maquinaria delictiva más amplia. La historia reciente en otros estados muestra que, mientras no se toque la cúspide de la cadena, el negocio se adapta y continúa.
En Campeche, los legisladores sostienen que el problema está alimentado por un sistema de complicidades. Esto implica que la investigación debe dirigirse también hacia funcionarios que, por omisión o participación directa, permiten que el combustible robado circule. Igualmente, se ha mencionado la posible implicación de estaciones de servicio que comercializan el hidrocarburo ilícito, lo que extiende la responsabilidad al ámbito empresarial.
Autores intelectuales: la raíz de la corrupción
Identificar a los autores intelectuales del huachicoleo no es solo un asunto de justicia penal, sino de saneamiento institucional. La permisividad o la protección desde cargos públicos es lo que convierte a un delito común en un fenómeno sistémico.
El Congreso local ha pedido a la Fiscalía General de la República y a las instancias estatales que no descarten ninguna línea de investigación. Esto significa revisar patrones de abastecimiento, irregularidades en estaciones de servicio y conexiones entre funcionarios y grupos delictivos.
Al mismo tiempo, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ha hecho un llamado claro: aplaudir los decomisos recientes, pero también exigir que se llegue hasta quien da la orden, se identifique al propietario del combustible y se conozca el destino final del producto robado.
La ley como aliada: de la letra a la acción
En papel, México cuenta con un marco jurídico robusto. La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece penas de 20 a 30 años de prisión y multas que superan los dos millones de pesos. No obstante, en la práctica, la efectividad de esta legislación depende de la capacidad para llevar las investigaciones a su fin sin interferencias políticas ni fallos procesales.
El reto para Campeche es garantizar que cada decomiso y cada detención sean el inicio de un expediente sólido, que pueda sostenerse ante tribunales y derivar en sentencias ejemplares. De nada sirve un operativo mediático si no se traduce en justicia efectiva y en el desmantelamiento real de la red criminal.
Coordinación entre los sectores público y privado
La lucha contra el huachicoleo en Campeche requiere una colaboración sin precedentes entre el Estado y el sector empresarial. Canacintra ha insistido en que la batalla no debe quedarse en lo visible. Solo con información cruzada, intercambio de datos y trazabilidad total del combustible se podrá cerrar el paso a la comercialización ilegal.
Este enfoque integral también exige una participación más activa de Pemex, que tiene la capacidad técnica para rastrear el origen del combustible y detectar desvíos en tiempo real. La coordinación interinstitucional será clave: Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal, Fiscalía y la propia empresa productiva del Estado deben trabajar bajo una misma estrategia.
Intervenir, investigar, transformar
Para romper el ciclo del huachicoleo en Campeche, es necesario actuar en tres niveles complementarios:
- Intervenir con inteligencia: Operativos quirúrgicos, basados en investigación previa, que desarticulen células completas y no solo detengan individuos.
- Investigar sin cortapisas: Llegar a todos los implicados, incluso si se trata de funcionarios de alto rango o empresarios con poder político.
- Transformar estructuras corruptas: Reformar procesos de control, supervisión y transparencia en el sector energético estatal y federal.
Mirada profunda sobre el horizonte
Campeche está ante una oportunidad única para enviar un mensaje contundente: el robo de hidrocarburos no será tolerado, sin importar quién esté detrás. La protección de la legalidad, la economía estatal y la seguridad energética nacional dependen de que las investigaciones alcancen a todos los responsables.
Si la voluntad política se mantiene firme y la colaboración entre sectores se consolida, el estado puede marcar un antes y un después en la lucha contra el huachicoleo. La clave será que la justicia no se quede en los titulares, sino que llegue a las sentencias y a la erradicación real de estas redes criminales.
Un punto de inflexión para la seguridad energética
La presión ciudadana, legislativa y empresarial puede convertir esta coyuntura en un momento histórico. Pero esto solo ocurrirá si se rompe la cadena de impunidad y se actúa con la misma determinación en todos los niveles. El huachicoleo en Campeche no es un problema local, es un desafío estructural que afecta la soberanía energética del país. Afrontarlo con seriedad es una obligación ineludible.
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