La transición hacia vehículos eléctricos (VE) se presenta como una solución clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. Sin embargo, esta transición corre el riesgo de profundizar las desigualdades existentes si no se aborda la distribución equitativa de la infraestructura de carga.
En muchas ciudades, la instalación de estaciones de carga se concentra en áreas de altos ingresos, dejando a comunidades de bajos ingresos y zonas rurales con acceso limitado. Esta disparidad no solo limita la adopción de VE en estas áreas, sino que también perpetúa la dependencia de combustibles fósiles y sus impactos ambientales y de salud asociados.
Desigualdades urbanas: el caso de San Antonio
Un ejemplo ilustrativo se encuentra en San Antonio, Texas, donde la distribución de estaciones de carga es significativamente desigual. Mientras que las áreas céntricas cuentan con una mayor densidad de estaciones, las comunidades periféricas, a menudo de menores ingresos, enfrentan una escasez crítica. Esta situación crea un ciclo en el que la falta de infraestructura desincentiva la adopción de VE, lo que a su vez reduce la inversión en nuevas estaciones de carga en estas áreas.
Retos en zonas rurales: más allá de la geografía
Las zonas rurales enfrentan desafíos únicos en la implementación de infraestructura de carga. La baja densidad poblacional y las grandes distancias entre comunidades hacen que la instalación de estaciones de carga sea menos rentable para los operadores privados. Además, la falta de acceso a redes eléctricas robustas complica aún más la situación.
Sin embargo, la necesidad de equidad en la transición energética exige soluciones innovadoras. Programas federales en Estados Unidos, como el Charging and Fueling Infrastructure (CFI) Discretionary Grant Program, buscan abordar estas disparidades mediante inversiones específicas en comunidades desatendidas.
Iniciativas para una infraestructura de carga equitativa
Diversas iniciativas están emergiendo para abordar estas desigualdades. En Austin, Texas, se ha destinado una inversión de $15 millones para instalar 284 estaciones de carga en comunidades de bajos y medianos ingresos, así como en viviendas multifamiliares. Este enfoque busca no solo expandir la infraestructura, sino también garantizar que los beneficios de la movilidad eléctrica sean accesibles para todos.
En el ámbito internacional, Noruega ha logrado una notable equidad en la distribución de estaciones de carga, incluso en regiones remotas como Finnmark, donde las ventas de VE alcanzaron el 74% en 2024. Este éxito se atribuye a políticas gubernamentales proactivas y a una inversión significativa en infraestructura.
El papel de la planificación urbana y la participación comunitaria
La planificación urbana desempeña un papel crucial en la implementación de una infraestructura de carga equitativa. Herramientas como el panel de control de vehículos eléctricos lanzado en Kolkata, India, permiten a los planificadores identificar áreas con necesidades críticas y planificar la expansión de estaciones de carga de manera estratégica.
Además, la participación comunitaria es esencial para garantizar que las soluciones implementadas respondan a las necesidades locales. Iniciativas que involucran a las comunidades en el proceso de planificación y toma de decisiones pueden mejorar la aceptación y el uso de la infraestructura de carga.
La situación en México: avances y desafíos persistentes
En México, la infraestructura de carga para vehículos eléctricos ha experimentado un crecimiento notable, alcanzando 47,456 puntos de recarga en el primer trimestre de 2025, según la Electro Movilidad Asociación (EMA). Sin embargo, el 92.5% de estos puntos corresponden a la red privada, dejando solo un 7.5% en la red pública, lo que evidencia una distribución desigual y limitada accesibilidad en zonas rurales y comunidades de bajos ingresos.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha emitido disposiciones administrativas para integrar la infraestructura de carga al Sistema Eléctrico Nacional, buscando una conexión ordenada y segura. No obstante, la implementación efectiva de estas regulaciones y la expansión de la infraestructura pública siguen siendo desafíos clave para garantizar una transición equitativa hacia la movilidad eléctrica en el país..
Hacia una transición energética inclusiva
La equidad en la infraestructura de carga para vehículos eléctricos no es solo una cuestión de justicia social, sino también una condición necesaria para el éxito de la transición hacia una movilidad sostenible. Sin una distribución equitativa de estaciones de carga, corremos el riesgo de crear una movilidad de dos velocidades, donde solo ciertos segmentos de la población se benefician de los avances tecnológicos y ambientales. Para evitar este escenario, es imperativo que las políticas públicas, las inversiones privadas y las iniciativas comunitarias trabajen en conjunto para garantizar que la infraestructura de carga esté disponible y sea accesible para todos, independientemente de su ubicación geográfica o nivel socioeconómico.
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