El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido este fin de semana en el tramo de la Línea Z, a la altura de Nizanda, Oaxaca, no solo activó protocolos de emergencia y atención a pasajeros, sino que también volvió a colocar en el centro del debate público la pertinencia de construir y operar un proyecto ferroviario de gran escala en zonas rurales e indígenas del Istmo de Tehuantepec.
Aunque las autoridades informaron que el incidente no dejó víctimas fatales, el hecho ha despertado dudas entre habitantes, especialistas y organizaciones sociales sobre las condiciones de seguridad, el mantenimiento de la infraestructura y los riesgos que enfrentan las comunidades por donde cruza el tren, en un territorio marcado por complejidades geográficas, sociales y ambientales.
Autoridades federales han destacado que la obra busca detonar el crecimiento económico en una zona históricamente rezagada. El proyecto involucra la modernización de líneas ferroviarias, carreteras y puertos, y se ha proyectado generar inversiones totales de hasta 50 mil millones de dólares, además de contribuir con un crecimiento estimado del 2.65% al Producto Interno Bruto nacional gracias al impulso logístico y comercial regional.
También se han difundido cifras de inversión social: entre 2020 y 2023 se realizaron 12 090 acciones de vivienda con una inversión cercana a 900.5 millones de pesos para familias a lo largo de la Línea Z del Ferrocarril del Istmo, donde se incluyeron reubicaciones de 204 viviendas y repliegues en 569 casos para ajustarse al derecho de vía.
Además, en los municipios impactados se han promovido programas de bienestar que, según cifras oficiales, han beneficiado a más de 680 000 personas con inversiones sociales superiores a los 19 500 millones de pesos en atención a adultos mayores, jóvenes, estudiantes y productores rurales.
Sin embargo, la balanza social muestra cifras preocupantes del lado de las afectaciones:
Impactos sociales y culturales
- El Corredor Interoceánico impacta directamente a 79 municipios entre Oaxaca y Veracruz, donde habitan comunidades indígenas mayoritarias como mixes, zapotecas, zoques, popolucas y otras etnias; de acuerdo con datos oficiales, aproximadamente 57% de la población del Istmo de Oaxaca se autoidentifica como indígena, con cerca de 30% que habla lengua originaria.
- Violencia y agresiones: un informe de más de 20 organizaciones civiles documentó 72 ataques y al menos 226 agresiones distintas contra personas defensoras del territorio entre mayo de 2021 y mayo de 2024, entre intimidación, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y otros hechos.
- En el mismo periodo se registraron tres homicidios de defensores indígenas, todos relacionados con la resistencia comunitaria ante proyectos del corredor.
- Las mismas organizaciones documentaron actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, daños a la propiedad y desplazamientos forzosos, lo que ha generado un clima de inseguridad y miedo entre pobladores que se oponen a obras como parques industriales o cambios en el uso del territorio.
- El proyecto ha suscitado críticas por la falta de procesos de consulta previos, libres e informados con las comunidades indígenas, lo que ha sido señalado como una violación de sus derechos colectivos y culturales.
Tensiones en torno al desarrollo
Para algunos habitantes, las inversiones y acciones de vivienda representan avances reales en infraestructura y acceso a servicios. Sin embargo, otros señalan que estos beneficios no compensan las afectaciones a sus formas de vida tradicional, a la integridad de los territorios y al tejido social comunitario cuando decisiones sobre el trazo y la explotación de recursos se toman sin participación plena de las comunidades.
Además, la reconfiguración del uso del suelo, la llegada de parques industriales y las dinámicas de mercado inmobiliario han tensionado los modos de vida rurales tradicionales y la seguridad territorial de familias que han vivido generaciones en el Istmo.
La construcción del Tren Interoceánico representa para este sexenio un plan prometedor de infraestructura y desarrollo económico que reta a diversas comunidades a la adaptación y la separación de territorios que cruzan la construcción, aunque, se debate también los ingresos económicos, aperturas de empleos, inversiones extranjeras y turismo que conlleva el proyecto. Por lo que, el descarrilamiento representa una adversidad para poder presentar el proyecto como parte de infraestructura segura y de calidad, lo que abre cuestionamientos sobre qué tanto representa un acierto para México.
