El gran contratista de obras públicas en el país seguirá operando bajo un manto de opacidad.
Los cambios integrados recientemente a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que establecen más controles y mayor transparencia para los jugadores del sector, no aplicaran para las obras o servicios relacionados con los programas prioritarios y proyectos estratégicos que ejecuten las fuerzas armadas.
Dichas excepciones van a generar una estructura de mercado en la que el ejército mexicano mantendrá una amplia ventaja frente a otros competidores e incluso controle a proveedores del sector, casi como un monopolio, afirma Maria Teresa Martínez, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey.
“Si no se puede trazar una ruta en torno a los proveedores que contrata el ejército para obras públicas, la calidad de los insumos y sus procesos; se va a terminar perpetuando la corrupción en este sector en el que se maneja tanto dinero público”, advierte.
Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018 y hasta 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha ejecutado tres mil 897 proyectos de infraestructura, con un presupuesto aproximado de 385 mil 532 millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales.
“El ejército mexicano no solo está concentrando muchas de las grandes obras públicas que se han impulsado en los últimos años, sino también su administración. Estos encargos descansan en la idea de lo que Anaís Passos llama la ‘mística militar’, es decir, la perspectiva que supone que los militares son incorruptibles, que tienen mayor disciplina mayor control, pero la evidencia nos ha mostrado que no hay consistencia en ese pensamiento”.
Entre las obras más importantes que se le ha asignado al ejército para ejecutar están el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum, las más de dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar y los Hospitales del IMSS Bienestar.
La operación de buena parte de estas edificaciones se ha hecho a través de la creación de la empresa estatal “Olmeca-Maya-Mexica”, operada por la Sedena.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha advertido sobre la opacidad en los procesos de contratación, la falta de rendición de cuentas y el riesgo de consolidar una administración pública paralela y poco fiscalizada dentro de las fuerzas armadas.
Para el resto: digitalización y transparencia
Pese a los señalamientos a las excepciones aplicadas al ejército, especialistas en la materia observan diversos progresos con las reformas a la Ley de Obras, la más aplaudida es quizá la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas que sustituye a CompraNet, un sistema que fue señalado constantemente por considerarse desactualizado y poco funcional.
A través de esta plataforma se integrarán las licitaciones en línea, contratos con firma electrónica, bitácoras que registren los avances de las obras y el presupuesto gastado. Sin embargo, no se estableció la obligación para transparentar documentos clave como los estudios de factibilidad técnica, económica y ambiental de los proyectos.
Además se limitarán las adjudicaciones directas al pasar a un límite de 30 al 20% del presupuesto.
