Gobierno y CAMIMEX preparan nuevo marco regulatorio para junio de 2025, con el objetivo de atraer inversión y acelerar proyectos mineros.
Por Germán Sánchez Hernández
La industria minera en México, que representa el 2.5% del PIB nacional y genera más de 400 mil empleos directos, hoy se encuentra en un punto de inflexión. Tras meses de incertidumbre debido a cambios normativos y trabas administrativas, el Gobierno de México, en conjunto con la Cámara Minera de México (CAMIMEX), avanza en la construcción de un nuevo marco regulatorio que estará listo en junio de 2025.
Este marco busca responder a los retos que enfrentan las empresas mineras nacionales e internacionales: procesos lentos, duplicidad de trámites y una relación deteriorada con comunidades locales. La nueva propuesta incluirá lineamientos más ágiles, un sistema de permisos transparente y una agenda de sostenibilidad que impulse operaciones responsables con el medio ambiente y las regiones donde se desarrollan.
Según CAMIMEX, la inversión minera ha caído casi 18% en los últimos tres años, pasando de US$4,700 millones en 2021 a US$3,850 millones en 2023. En gran medida, esta baja se atribuye a la incertidumbre en el marco legal y a la parálisis en autorizaciones clave por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Dirección General de Minas. El nuevo marco tiene como objetivo revertir esa tendencia y colocar nuevamente a nuestro país como uno de los destinos más atractivos para el desarrollo minero en América Latina.
También se contempla un diálogo más estrecho con comunidades indígenas y autoridades locales, así como el fortalecimiento de instrumentos como el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. Además, se espera que el Servicio Geológico Mexicano tenga un rol más activo en la promoción de proyectos de exploración bajo esquemas de transparencia y trazabilidad.
México ocupa el primer lugar mundial en producción de plata y se encuentra entre los 10 primeros productores globales de oro, cobre y zinc. Por lo que, el rediseño normativo representa una oportunidad estratégica para posicionar al país como líder en minería responsable, en un contexto global donde la demanda de minerales críticos para la transición energética no deja de crecer.
