La incursión de la delincuencia organizada en la industria minera en México no es un fenómeno nuevo y refleja la diversificación de actividades ilícitas de estos grupos, advirtió desde 2024 la Unidad de análisis e inteligencia de Strato Risk Consulting, en un contexto que hoy se agrava tras hechos recientes de violencia en Sinaloa.
El sector enfrenta un nuevo episodio crítico luego de que 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver fueran secuestrados el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa, y que esta semana se confirmara la localización sin vida de cinco de ellos.
Las víctimas fueron identificadas como José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, José Antonio Jiménez y Jesús Antonio de la O, cuyos cuerpos fueron reconocidos por sus familiares en el Servicio Médico Forense de Mazatlán. La Fiscalía General de la República (FGR) informó posteriormente del hallazgo de otros cinco cuerpos en fosas del poblado El Verde, los cuales se encuentran en proceso de identificación.
De acuerdo con versiones preliminares, el grupo habría sido privado de la libertad por un comando armado. Familiares de los trabajadores denunciaron omisiones y falta de información por parte de las autoridades durante los días posteriores al secuestro, ocurrido mientras los mineros se encontraban en su periodo laboral continuo dentro de la mina.
Este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las investigaciones apuntan a que el delito fue cometido por una célula del cártel de Los Chapitos.
Según las indagatorias, el móvil habría sido una confusión, al asumir erróneamente que los trabajadores pertenecían a un grupo criminal rival, identificado como Los Mayos.
El funcionario federal precisó que, en este caso específico, la empresa Vizsla Silver no había denunciado previamente intentos de extorsión, una práctica que sí se presenta en otros sectores productivos del país con presencia del crimen organizado.
No obstante, Strato Risk Consulting advirtió en su informe de 2024 que existen múltiples evidencias de la intervención criminal en la minería, que van desde la creación de infraestructura logística para la exportación ilegal de minerales, hasta extorsión, robo y control directo de proyectos de explotación.
Por ejemplo, el documento señala que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, grupos delictivos llegaron a controlar la actividad minera en al menos cinco estados, afectando severamente la competitividad del sector a nivel global.
Como consecuencia de este entorno de inseguridad, la inversión en minería se redujo 34.5% entre 2012 y 2022, al pasar de ocho mil 43 millones de dólares a cinco mil 265 millones de dólares, una caída que Strato Risk Consulting vinculó directamente con los riesgos operativos y de seguridad.
Ante los hechos, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) lamentó el asesinato de los trabajadores y exigió garantías de seguridad y aplicación de la ley.
De acuerdo con información de Data México, al tercer trimestre de 2025 el Producto Interno Bruto (PIB) de la minería fue de 940 mil 690 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025 y emplea a 278 mil personas en el país.
