Organizaciones civiles y población en general de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se están organizando para dar la lucha en contra del desarrollo de proyectos de fracking en esos estados.
De acuerdo con información del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) más de 90 organizaciones y habitantes de estos tres estados se están organizando bajo el frente Noreste Sin Fracking con el objetivo de advertir que: en una región donde el agua es escasa, estratégica y cada vez más disputada, ningún gobierno debe ponerla al servicio de la industria fósil.
El jueves 6 de agosto el Comité de Expertos para evaluar proyectos de exploración en yacimientos no convencionales, convocado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, determinó que se puede explorar las cuencas en zonas de Coahuila, Nuevo León y una parte de Tamaulipas.
Además del potencial de estas regiones, el comité también recomendó prohibir la explotación en Tampico-Misantla y utilizar exclusivamente agua salada del subsuelo en caso de desarrollar proyectos.
Pero las reacciones por parte de diversas organizaciones de protección al medio ambiente no se hicieron esperar y advirtieron que el noreste de México atraviesa ya una profunda crisis hídrica.
Alrededor del 40% de la superficie con potencial de hidrocarburos no convencionales presenta actualmente un estrés hídrico alto o extremo, proporción que se proyecta en aumento hacia 2050. Se calcula que el 65% del agua requerida para el fracking se ubica en regiones donde la operación consumiría entre el 50% y el 100% del agua disponible localmente. La a conclusión es que: 8 de cada 10 litros necesarios para el fracking generarían condiciones de riesgo hídrico grave, de acuerdo con los cálculos del CEMDA.
También se estima que más de 6 millones de personas viven dentro de las áreas potenciales de extracción de hidrocarburos no convencionales o en su radio de impacto potencial y estarían en riesgo por exposición directa a contaminantes.
Para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la exploración y posible explotación de yacimientos no convencionales, es una alternativa para disminuir la preocupante dependencia que hay del gas importado desde Estados Unidos.
Actualmente, Pemex produce una media de 4 mil 891 mil millones de pies cúbicos de gas al día, además de 1.65 millones de barriles de petróleo y condensado. Pero las reservas convencionales han disminuido y México no tiene alternativas si quiere aumentar la producción.
Sin embargo, según la Alianza Mexicana Contra el Fracking, cada pozo podría implicar un costo aproximado de entre 20 y 25 millones de dólares. La organización también indica que la industria gasífera de Estados Unidos ha admitido que 80 por ciento de los pozos fracturados en ese país no son económicamente viables debido a la rápida declinación, la baja recuperación de hidrocarburos y el deficiente rendimiento energético.
En conjunto con CartoCrítica, la alianza ha advertido que el fracking aumenta la dependencia de México hacia empresas extranjeras. Por ejemplo, entre las compañías privadas que dominan esta técnica destacan Schlumberger, Baker Hughes y Halliburton –las dos primeras de origen estadunidense y la última de Emiratos Árabes Unidos–, las cuales ya han operado en territorio nacional mediante contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Otro elemento que ha sido señalado pero por expertos es que el esquema de contratos mixtos vigente con Pemex sería insuficiente para detonar la explotación de gas no convencional mediante fracking en México, de acuerdo con un análisis de la consultoría Caraiva y Asociados.
El análisis plantea un modelo alternativo de licencia híbrida y advierte que, bajo las condiciones actuales, el país difícilmente logrará atraer la inversión necesaria para desarrollar esta industria.
