La petrolera estadounidense ExxonMobil presentó sus argumentos ante la Suprema Corte de Estados Unidos, con el objetivo de obtener compensación por activos de petróleo y gas confiscados por el gobierno cubano en 1960.
La empresa exige más de mil millones de dólares, cifra que incluye intereses acumulados y la valorización actual de las propiedades perdidas. En su momento, los activos fueron estimados en alrededor de 70 millones de dólares.
Debate sobre la Ley Helms-Burton
El caso se centra en la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, que permite a ciudadanos y empresas estadounidenses demandar a quienes “trafiquen” con bienes confiscados por el gobierno cubano.
Exxon sostiene que la interpretación de tribunales inferiores que reconocieron la inmunidad soberana extranjera a entidades estatales cubanas, limita la efectividad de la ley. La compañía busca que el máximo tribunal revierta ese criterio y permita que la demanda avance.
Durante la audiencia, la abogada de Exxon, Morgan Ratner, calificó la interpretación previa como “inverosímil”. Por su parte, Curtis Gannon, representante del Departamento de Justicia, advirtió que mantener ese criterio “desestimaría efectivamente las demandas autorizadas por el Congreso”.
Algunos jueces, como Elena Kagan, mostraron escepticismo y cuestionaron si el Congreso realmente pretendía derogar la inmunidad soberana en estos casos.
Antecedentes del litigio
En 2019, ExxonMobil demandó a Corporación CIMEX, a la que acusa de lucrar con bienes confiscados. Ese proceso formó parte de unas 40 demandas presentadas bajo la Ley Helms-Burton tras el levantamiento de la suspensión del Título III durante la administración de Donald Trump.
La decisión de la Suprema Corte podría sentar un precedente clave sobre el alcance de la ley y la posibilidad de que empresas estadounidenses reclamen compensaciones por propiedades nacionalizadas en Cuba hace más de seis décadas.
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