Pescadores, prestadores de servicios turísticos y pobladores de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan se movilizaron por la zona serrana de Santa Martha. Con pancartas y consignas, demandaron soluciones efectivas ante el impacto ambiental y social del derrame petrolero en el Golfo de México.
Impacto en comunidades y ecosistemas
El chapopote llegó a las playas de Veracruz a principios de marzo, afectando la fauna acuática y la vida cotidiana de las comunidades indígenas nahuas y nuntajiiyi. Pese a que ha pasado más de un mes, la situación persiste y los habitantes denuncian la falta de indemnización para los pescadores afectados.
Una manifestante señaló a medios: «El derrame sigue afectando la fauna acuática, nuestras playas están casi vacías, las personas que se meten a bañar a los ríos salen manchadas de chapopote, no hay negocio y siguen sin indemnizarnos a los pescadores libres».
Protestas en el puerto de Veracruz
En el puerto, cientos de personas marcharon con jaranas, pancartas y muestras de chapopote. Reclaman que no se ha identificado a un responsable por la contaminación que afecta miles de kilos de playa.
Manifestantes con megáfonos exigieron transparencia sobre el impacto ambiental y denunciaron intentos de las autoridades estatales por minimizar la gravedad del desastre, lo que ha permitido que la mancha se extienda por todo el Golfo.
Críticas a la gestión gubernamental
Roberto Juárez, de Youth Building The Future Global, calificó para medios como irresponsable que las autoridades permitan el ingreso de turistas a las playas contaminadas sin conocer las afectaciones posibles.
Además, más de 50 organizaciones difundieron un documento en redes sociales donde califican insuficientes las acciones de contención y limpieza. Denuncian que los gobiernos estatal y federal han vulnerado derechos humanos relacionados con el medio ambiente, la salud, el trabajo y el territorio.
Demandas y contexto ambiental
Las organizaciones exigen transparencia total, acceso público a información técnica y sanitaria, identificación de responsables y sanciones legales sin encubrimientos. También piden un repositorio público actualizado con toda la información sobre el derrame.
El comunicado destaca que este desastre no es un incidente aislado, sino resultado de un modelo energético que prioriza la extracción y rentabilidad de hidrocarburos sobre la protección de ecosistemas, vida marina y derechos de comunidades costeras.
