Una planta de amoníaco en Topolobampo genera división entre desarrollo económico y protección ambiental. Mientras el gobierno y la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) impulsan un proyecto millonario, comunidades locales advierten sobre graves riesgos para el ecosistema.
El megaproyecto y su alcance
Topolobampo, ubicado en la costa oriental del Golfo de California, es el sitio elegido para la construcción de una planta de amoníaco con una inversión de mil 250 millones de dólares. El proyecto, respaldado por el Banco de Reconstrucción de Alemania, busca producir amoníaco a gran escala para abastecer principalmente a la industria de fertilizantes agrícolas y a sectores industriales como la manufactura textil.
La planta utilizará cerca de dos mil doscientas toneladas de gas natural provenientes de Texas, transportadas por gasoductos con terminal en la bahía. La producción implica procesos que requieren vapor de agua a alta presión y temperaturas cercanas a 800 °C para generar hidrógeno y monóxido de carbono. El agua necesaria será extraída del sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira.
Impactos ambientales y sociales
Enrique Ayala, habitante local, advierte que la extracción de agua podría alcanzar dos mil metros cúbicos por hora, afectando larvas marinas que incuban en la bahía, un área crucial para la vida marina del Golfo de California. Además, se han intervenido 26 hectáreas que incluían manglares y sitios ceremoniales de la comunidad indígena Ohuira.
Las descargas de aguas residuales o condensados del proceso de producción representan otro riesgo. Ayala señala que si estas aguas, con temperatura elevada, llegan al mar abierto, podrían alterar el ecosistema y causar la muerte de larvas y otros organismos marinos.
Reacción de las comunidades indígenas y pesqueras
Colectivos mayo-yoreme y comunidades pesqueras de Paredones, Ohuira y Lázaro Cárdenas han expresado su oposición desde 2021, iniciando manifestaciones pacíficas y presentando amparos legales (casos 497/2021 y 498/2021) para detener la construcción y proteger el hábitat natural. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisa estos recursos.
Desde el 7 de junio de 2026, una protesta ha bloqueado el paso de camiones de construcción, frenando la obra que se encuentra aproximadamente al 60% de avance.
Apoyo gubernamental y argumentos a favor
El gobierno federal, incluyendo la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), respalda el proyecto. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la planta está avanzada en un 95% en aspectos administrativos y de permisos.
El argumento oficial destaca que la planta fortalecerá la soberanía alimentaria al reducir la dependencia de importaciones de fertilizantes, ya que el amoníaco es un insumo clave en su producción. Sin embargo, se reconoce que el amoníaco es un contaminante primario que puede afectar la calidad del aire, suelo y ecosistemas.
