La central termoeléctrica Manuel Álvarez Moreno, con más de 40 años de operación, se encuentra actualmente bajo un proceso judicial luego de que habitantes y cooperativas pesqueras locales promovieran un juicio de amparo contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) y otras dependencias. La demanda acusa que la planta ha causado daños a la salud humana, al medio ambiente y a las actividades productivas de la región.
Entre los argumentos de los solicitantes, se señala que la política energética federal del sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador agravó el problema al reactivar el uso de combustóleo en termoeléctricas. Según la demanda, esta medida contraviene compromisos internacionales y la Ley de Transición Energética, al retrasar el cumplimiento de metas de generación limpia, la reducción de gases de efecto invernadero y perpetuar la dependencia de combustibles fósiles altamente contaminantes.
El expediente, identificado como 1133/2024-2, recuerda que desde 2011 la ley obliga a considerar los impactos ambientales y de salud al evaluar el costo de la generación eléctrica, una obligación que, según los demandantes, ha sido ignorada de manera sistemática.
En respuesta, el juez tercero de distrito en Colima, Ignacio Beruben Villavicencio, otorgó en noviembre de 2024 la suspensión provisional de las actividades de la planta y en marzo de este año la suspensión definitiva, como medida para proteger a la población afectada.
Eduardo Mosqueda Sánchez, director ejecutivo de Tsikini, AC, organización ambientalista que asesora a los afectados, señaló que el proceso legal ha enfrentado resistencia por parte de algunas dependencias del gobierno federal, incluyendo Profepa, CFE y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Por parte de P&E, abogados expertos opinan sobre el caso, «Estamos ante la posible configuración de un Delito ambiental que conforme al Código Penal Federal y a la Ley Gral. Del Equilibrio Ecológico y la Protección del ambiente ( LGEEPA) se prevén como delito dichas acciones»
Marco Legal y Delitos Ambientales
¿Cómo se configuran estos delitos ambientales?, La abogada especialista Águeda Pineda Ramírez, lo explica más a detalle.
«Las afectaciones por residuos de combustibles fósiles (como emisiones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono, así como descargas en cuerpos de agua) pueden constituir delitos tipificados en»:
La LGEEPA y la Ley de Responsabilidad Ambiental: Estas leyes establecen las bases para la protección del medio ambiente y la responsabilidad por daño ambiental. Permiten a las comunidades afectadas (como las pesqueras) interponer denuncias y participar en procesos legales para exigir la reparación del daño y la imposición de sanciones administrativas.
Leyes Estatales: La Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima también contiene disposiciones y sanciones aplicables, aunque las cuestiones de operación de instalaciones federales como las termoeléctricas suelen involucrar la legislación federal
«Por lo que el Código Penal Federal establece penas de prisión y multas a quien realice actividades que dañen, deterioren o destruyan recursos naturales, la flora, la fauna, los ecosistemas o la calidad del agua, el suelo, el subsuelo o el ambiente, cuando dichas actividades contravengan las disposiciones legales aplicables» menciona la abogada.
Las resoluciones judiciales incluyen órdenes de realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de la termoeléctrica con la normativa ambiental y dictar medidas necesarias para evitar la continuación de los actos que generan contaminación.
En el caso de la Profepa, ante el incumplimiento reiterado de la suspensión provisional, el juez consideró que se trataba de un desacato y en enero pasado ordenó remitir el caso a la agente del Ministerio Público de la Federación para que se investigara, aunque hasta el momento no se conocen los resultados de dicha pesquisa.
La situación pone en evidencia el conflicto entre la operación de la termoeléctrica y los derechos de las comunidades afectadas, así como las tensiones entre la política energética federal y la protección ambiental en México.
