La investigación sobre el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato dio un nuevo giro. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la destitución del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad, Juan Francisco Vera Ayala, luego de que se detectaran anomalías en el manejo del operativo que dio origen a uno de los casos más relevantes en la estrategia federal contra el huachicol.
La remoción ocurre mientras la FGR mantiene abierta una revisión integral del expediente para determinar si el aseguramiento se realizó conforme a derecho y si la documentación presentada por las empresas relacionadas acredita plenamente la legalidad de las operaciones investigadas.
Durante su intervención este viernes, García Harfuch explicó que el operativo se realizó semanas antes de hacerse público y que la información fue difundida sin haber concluido la verificación completa de los elementos que sustentaban el caso.
“El equipo de la fiscal general encontró ciertas anomalías en este operativo (…) ahorita lo que está haciendo la Fiscalía General de la República es verificar desde el primer aseguramiento toda la documentación que ya entregaron las empresas”, señaló el titular de la SSPC.
El funcionario añadió que la revisión comprende desde el primer aseguramiento hasta el análisis de los permisos y documentos entregados por las compañías involucradas.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Fiscalía General de la República atrajo la investigación tras el posicionamiento público de los propietarios del inmueble, quienes sostuvieron que sus operaciones se desarrollan dentro del marco legal.
Según explicó la mandataria, el objetivo es determinar si las actividades realizadas corresponden efectivamente a los permisos existentes o si existen operaciones que exceden las autorizaciones vigentes.
Sheinbaum precisó que el proceso aún no concluye y que corresponde exclusivamente a la Fiscalía establecer si hubo irregularidades administrativas o posibles conductas ilícitas.
Otro de los aspectos relevantes del caso es la forma en que se desarrolló el operativo original.
De acuerdo con la presidenta, la FGR central no participó directamente en la planeación del aseguramiento, ya que la acción fue ejecutada por la delegación estatal de la Fiscalía en coordinación con la policía del estado de Guanajuato.
Las investigaciones iniciales surgieron a partir del seguimiento de pipas que ingresaban al inmueble con documentación presuntamente incompleta, una línea de investigación que continúa bajo revisión ministerial.
El expediente mantiene relevancia para el sector energético por el volumen del combustible asegurado y por las implicaciones que podría tener para los controles sobre almacenamiento, transporte y trazabilidad de petrolíferos.
La revisión emprendida por la FGR busca establecer tanto la legalidad del combustible como la actuación de las autoridades durante el operativo, un proceso que podría definir responsabilidades administrativas o penales conforme avance la investigación.
Para la industria energética, el caso también vuelve a colocar en el centro del debate la importancia de fortalecer los mecanismos de verificación documental, supervisión regulatoria y coordinación institucional en las operaciones relacionadas con hidrocarburos en México.
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