El aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburos en San José Iturbide, Guanajuato, considerado uno de los mayores decomisos de combustible presuntamente ilícito registrados en México, entró en una nueva etapa de investigación luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) transfiriera el caso a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Mientras las autoridades profundizan en la trazabilidad del combustible y la posible existencia de una red de contrabando o robo de hidrocarburos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo que el operativo no dejó detenidos porque el inmueble se encontraba sin personas al momento del cateo, aunque adelantó que las capturas se realizarán conforme avance la investigación.
Durante la conferencia realizada el viernes en Irapuato, Guanajuato, García Harfuch explicó que el aseguramiento fue resultado de una investigación iniciada meses atrás y descartó que las instalaciones pertenezcan a Petróleos Mexicanos (Pemex).
El funcionario señaló que el despliegue de fuerzas federales y estatales permitió asegurar el combustible y el inmueble, pero reiteró que la ausencia de personas en el lugar impidió realizar detenciones en ese momento.
“El aseguramiento está y las detenciones vienen después”, sostuvo, al asegurar que la investigación continuará hasta identificar a los responsables de la operación.
Una investigación que comenzó con una investigación en julio
El caso tiene su origen el 3 de julio, cuando autoridades federales detectaron a una persona descargando combustible desde una pipa con capacidad de 33 mil litros de diésel en una gasolinera del municipio de San Luis de la Paz, sin poder acreditar la procedencia legal del hidrocarburo.
A partir de ese hallazgo, la FGR desarrolló diversas diligencias de inteligencia que derivaron en órdenes de cateo para inmuebles en San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo y San José Iturbide, donde finalmente fueron localizados los más de 59 millones de litros de gasolina regular, gasolina Premium y diésel.
La Fiscalía informó que, hasta ahora, no ha recibido de todas las empresas relacionadas la documentación que acredite de manera completa y fehaciente el origen, manejo y destino del combustible asegurado, por lo que mantiene la revisión de documentación contable, entrevistas con directivos y el análisis de la trazabilidad financiera y fiscal del producto localizado.
Sheinbam deja todo en manos de la Fiscalía
El caso también llegó este lunes a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien reiteró que corresponde exclusivamente a la FGR informar si el combustible asegurado provenía de una actividad ilegal y cuáles fueron los elementos que justificaron el cateo.
La declaración ocurre después de que empresas vinculadas con la terminal de almacenamiento sostuvieran públicamente que sus operaciones cuentan con permisos para almacenar hidrocarburos y que prestan servicios a terceros autorizados, un aspecto que permanece bajo revisión de la autoridad ministerial.
Más allá del volumen asegurado, el caso representa uno de los expedientes más relevantes para la estrategia federal contra el robo y el contrabando de combustibles.
Las investigaciones ahora buscan determinar si el hidrocarburo proviene del robo a ductos, de operaciones irregulares de importación o de otros esquemas ilícitos vinculados con la comercialización de petrolíferos.
Para el sector energético, el desenlace del caso será determinante no solo por el monto del aseguramiento, sino por las implicaciones regulatorias, fiscales y de seguridad que podría tener para las cadenas de almacenamiento, distribución y trazabilidad de combustibles en México.
