La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido un contundente informe que revela la creciente preocupación por el aumento de tomas clandestinas y los incidentes relacionados con el robo de hidrocarburos en México. A pesar de que estos hechos no son aislados ni poco probables, la CNDH afirma que no se ha diseñado un plan integral ni mecanismos efectivos para prevenir, detectar o reducir este delito, mitigar los conflictos en las zonas afectadas, o atender los daños a la salud y al medio ambiente en las comunidades impactadas.
El informe especial hace referencia a la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrida en enero de 2019, donde 138 personas perdieron la vida y 13 resultaron lesionadas debido a un incendio en una toma clandestina. A más de seis años de estos trágicos eventos, las familias afectadas siguen sin acceso a un mecanismo adecuado de atención que les permita clarificar su situación y, por ende, acceder a la reparación integral del daño.
La CNDH denuncia que, al buscar apoyo, las familias enfrentan una percepción negativa y discriminatoria por parte de las autoridades, lo que agrava aún más su situación. Además, se reporta que 194 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos tras la tragedia, un impacto que resuena profundamente en la comunidad.
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El informe también señala que ni Petróleos Mexicanos (Pemex), ni los gobiernos federal, estatal o municipal han tomado la iniciativa de acercarse a las comunidades afectadas para consultarles o presentarles acciones concretas para la recuperación del suelo. A pesar del conocimiento que tiene Pemex sobre el incremento de las tomas clandestinas y los riesgos asociados a la manipulación inadecuada de los hidrocarburos, su enfoque se ha limitado a clausurar las tomas detectadas, omitiendo adoptar medidas efectivas para abordar el grave problema de la extracción ilegal.
La investigación de la CNDH también revela que los ductos de Pemex presentan un mal estado de mantenimiento y que la tecnología de detección de tomas clandestinas es obsoleta e incompleta. Esto ha llevado a un estado irregular en las actividades de transporte y almacenamiento, así como a un incumplimiento de los deberes de la empresa.
De 1997 a 2022, se registraron un total de 14,411 accidentes en ductos de transporte de hidrocarburos, de los cuales el 90% ocurrieron en instalaciones de Pemex Exploración y Producción y Pemex Logística, principalmente en ductos, refinerías y terminales de almacenamiento y distribución.
La CNDH hace un llamado urgente a las autoridades para que implementen un plan integral que aborde esta crisis, garantizando la seguridad de las comunidades y el respeto a los derechos humanos en el manejo de los recursos hidrocarburíferos del país.
