Las principales obras emblemáticas de la autodenominada Cuarta Transformación continúan enfrentando litigios legales que, tan solo durante 2025, generaron pérdidas superiores a los 41 millones de pesos para el erario, de acuerdo con información contenida en la Cuenta Pública 2024 y reportes oficiales.
Se trata de demandas de carácter administrativo, laboral y agrario interpuestas en 2024 por empleados y ciudadanos que presuntamente resultaron afectados por la construcción del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuyas resoluciones se fueron dando a lo largo de 2025.
El Tren Maya concentra el mayor número de juicios vigentes. Al 31 de diciembre de 2024, la empresa había recibido 51 notificaciones de juicio: 40 en contra de Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., y 11 más contra Tren Maya, S.A. de C.V., entidad bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De los 40 juicios contra Fonatur Tren Maya, ocho fueron de carácter administrativo, 31 laborales y uno más correspondió a un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado. En los informes financieros se reconoce que en la totalidad de las demandas laborales existía una “alta probabilidad” de que los quejosos ganaran los casos, con base en la Ley Federal del Trabajo, por lo que se estimó un impacto financiero de 35 millones 338 mil 133 pesos.
Adicionalmente, se contempló una provisión de 482 mil 970 pesos para cubrir dos juicios administrativos con sentencia firme, mientras que otros seis procesos administrativos y el procedimiento de responsabilidad patrimonial se mantenían en estatus de “pendiente”, sin un monto de afectación determinado.
En cuanto a los 11 juicios interpuestos contra Tren Maya, S.A. de C.V., se reportaron dos procesos administrativos y dos agrarios, relacionados con la anulación de un dictamen valuatorio en Tulum, Quintana Roo; la restitución de un contrato terminado de manera anticipada, y el pago por la ocupación de terrenos en municipios de Yucatán y Quintana Roo. En estos casos, al tratarse de trámites en curso, no se estimaron montos de pago. No obstante, sí se calculó un gasto de un millón 101 mil 210 pesos para cubrir siete demandas laborales, principalmente por despidos injustificados.
Por su parte, la refinería de Dos Bocas, ubicada en Tabasco, mantuvo reservada la información relacionada con demandas administrativas, fiscales, civiles, mercantiles y agrarias. Únicamente hizo pública una demanda laboral promovida por un exservidor público que solicitó su reinstalación y el pago de salarios caídos. Para este caso, el gobierno estimó un desembolso de 290 mil pesos, al considerar alta la probabilidad de perder el juicio.
“El impacto financiero podría afectar el presupuesto del año fiscal en curso; sin embargo, se cuenta con registros contables de la provisión del pasivo laboral y se ha contratado asesoría legal para la defensa del caso”, señala el informe.
Finalmente, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) reportó 13 juicios laborales en su contra, con una estimación de pérdida por 3 millones 958 mil pesos para el pago de indemnizaciones, cuyos montos individuales oscilan entre 130 mil y 760 mil pesos.
En todos los casos, los juicios se solventaron durante 2025; sin embargo, hasta ahora no se cuenta con información pública sobre el sentido de las resoluciones ni se ha detallado si a lo largo del año pasado se integraron nuevas demandas contra estas obras estratégicas del gobierno federal.
