ENTRELÍNEAS | ALONSO GARCÍA PUENTES
La primera venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, valorada en unos 500 millones de dólares, no es un acto humanitario ni un gesto de buena gobernanza hemisférica, sino la rúbrica estratégica de un proyecto geopolítico y económico innegablemente extractivo.
Desde la captura de Nicolás Maduro —el 3 de enero pasado— y la imposición de un gobierno interino que negocia crudo con Washington, la narrativa oficial ha mezclado retórica moral con cláusulas estrictamente comerciales: Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su venta en el mercado estadounidense, con el dinero depositado bajo control estadounidense.
Cada palabra de esa formulación debería hacer sonar todas las alarmas en la industria energética y en la sociedad venezolana y regional: no se “libera petróleo”, se captura el valor que representa el mayor activo natural del país. El entorno mediático, incluido el propio informe de CNN sobre la venta, ha enmarcado la operación como un avance en la “normalización energética”, omitiendo el protagonismo de las exigencias estadounidenses sobre la política interna venezolana, la desvinculación de socios como China o Rusia y el control sobre los recursos petroleros.
El plan de Trump, siendo amable al describirlo, tiene claros incentivos corporativos: desde reuniones con ejecutivos del sector petrolero hasta licencias ampliadas para compañías como Chevron, y la promesa de inversiones millonarias para reconstruir la industria venezolana. Sin embargo, cuando ExxonMobil y otros líderes del sector advierten que Venezuela sigue siendo “no invertible” sin garantías legales claras, el relato oficial se desinfla.
¿Libertad para Venezuela o negocios para Estados Unidos? La respuesta está en el detalle. El control de los ingresos petroleros pasa primero por cuentas bajo supervisión estadounidense antes de que cualquier ayuda llegue a Caracas. Al mismo tiempo, se condiciona la cooperación —y, por ende, la continuidad del flujo de capital— al alineamiento político con los intereses de Washington. Y lo que se presenta como “beneficio mutuo” beneficia estructuralmente más a las refinerías y petroleras de Estados Unidos, y a sus mercados, que a la economía venezolana exhausta.
Lo que proponen la Casa Blanca y sus operadores no es un “rescate”, sino un reseteo de la influencia global bajo un nuevo prisma: el energético y el financiero. Cuando una superpotencia pone la condición de que sus empresas petroleras entren con fuerza en una economía devastada tras décadas de sanciones y ofrece a cambio la esperanza de reconstrucción, no está ofreciendo caridad: ofrece participación en el botín y acceso privilegiado al suministro más grande del hemisferio occidental.
Esto tiene un impacto directo en la geopolítica de la energía. Las exportaciones a China, que durante años fueron un pilar del flujo petrolero venezolano, se ven afectadas por la reorientación hacia Estados Unidos. Las refinerías del Golfo quedan posicionadas como receptoras prioritarias del crudo venezolano. Al mismo tiempo, el propio fracking estadounidense —competidor directo en el mercado de crudo pesado— enfrenta disrupciones por esta nueva dinámica de oferta.
La narrativa de “liberar Venezuela” se desgasta cuando se observa que el verdadero objetivo es posicionar activos, mercados y flujos de capital bajo jurisdicción e intereses estadounidenses, sin resolver los problemas estructurales que llevaron a la debacle venezolana. No hay soberanía verdadera cuando los recursos naturales se comercializan bajo coerción política y con cláusulas de control de ingresos de por medio.
La historia latinoamericana está llena de lecciones sobre cómo el acceso y el dominio de los recursos energéticos han condicionado la soberanía de los Estados. Si el objetivo real fuera la libertad, la reconstrucción institucional y la dignidad económica venezolana, la estrategia sería diplomática, multilateral y no exclusivamente extractiva.
Lo que estamos presenciando —y lo peor es que lo aplauden como “éxito energético”— es una reconfiguración del mapa de poder petrolero, con Venezuela en medio, pero definitivamente no al centro de sus decisiones.
“El poder nunca se retira: sólo cambia de forma”.
