Ian de la Garza – CEO y Cofundador de FINSOLAR
La energía es la base del desarrollo de cualquier país, de eso no hay duda. Detrás de cada producto, transacción y dato almacenado hay un flujo eléctrico que sostiene la vida moderna. En México, la transición energética dejó de ser un asunto de futuro para ser una apremiante económica, ambiental y tecnológica. Si queremos un país competitivo para el año 2030, debemos garantizar que la energía que alimenta a nuestras industrias sea limpia, accesible y sostenible.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS 7) de la Agenda 2030 lo plantea precisamente así: acceso universal a energía asequible, segura y moderna. Sin embargo, al ritmo actual, 660 millones de personas en el mundo seguirán sin electricidad en 2030, y casi 2,000 millones continuarán cocinando con combustibles contaminantes. México no es ajeno a este desafío.1 Aun cuando ha incrementado su capacidad instalada de energía renovable, el país requiere acelerar la adopción de soluciones que no sólo reduzcan emisiones, sino que también promuevan eficiencia y competitividad.
El sector privado en la transición energética
La transición energética ya no depende únicamente de las políticas públicas o de las grandes generadoras eléctricas. Cada empresa —sin importar su tamaño o sector— puede ser un agente de cambio. En Finsolar creemos que el futuro energético de México se construye desde la iniciativa privada, desde las decisiones que las empresas toman hoy para transformar su consumo eléctrico en energía limpia y en activos con valor ambiental y económico.
Nuestro modelo se basa en una idea simple pero poderosa: democratizar el acceso a la energía solar a través de contratos de servicio OPEX o estructuras de inversión en activos cash-neutral. Por medio de contratos de servicio PPA (Power Purchase Agreement), las empresas pagan sólo por la energía que consumen y pueden reducir su factura eléctrica hasta en un 40% desde el primer mes. Por otro lado, el modelo de inversión cash-neutral permite canalizar parte del ISR hacia infraestructura solar bajo el marco del Artículo 34 de la Ley del ISR, obteniendo beneficios económicos, ambientales y sociales sin comprometer capital propio.
El resultado es un círculo virtuoso. Las empresas ahorran, reducen su huella de carbono, fortalecen sus metas ESG y, al mismo tiempo, contribuyen a la expansión de infraestructura solar en México. En seis años hemos desarrollado más de 120 proyectos solares en operación, con un crecimiento anual compuesto de 70% y presencia en todos los estados del país. Lo que comenzó como una propuesta innovadora, hoy se consolida como una herramienta tangible para acelerar la descarbonización empresarial.
El mundo avanza hacia una economía descarbonizada. Los principales socios comerciales de México —Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea— ya condicionan sus cadenas de suministro a criterios de sostenibilidad. En este nuevo contexto, una empresa que no adopta energía renovable pone en riesgo su competitividad internacional.