El gobierno de México clausuró 11 casinos por supuesta delincuencia organizada y lavado de dinero, de los cuales dos eran propiedad de Grupo Salinas, dato que fue confirmado por el mismo grupo empresarial.
La clausura tuvo lugar en distintos estados de la república como: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y CDMX. Derivado de la identificación de operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales que no se encontraban supervisadas. Por lo que se les consideró de «alto riesgo financiero», con conductas «presuntamente consientes con tipologías internacionales de lavado de dinero».
Las acusaciones vienen directamente de la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de inteligencia financiera, por lo que, mencionaron que todos los casinos cumplen con una normativa en regla y los requerimientos suficientes para funcionar, reiterando sus altos estándares contra el lavado de dinero.
Los casinos llevan los nombres de: Ganador Azteca S.A.P.I. y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V.
Por otro lado, Grupo Salinas se defiende mencionando que estas acciones se tratan de un acto de persecución, “Esta acción arbitraria, confirma lo que hemos venido señalando por meses: está en marcha una campaña sistemática del gobierno en contra de nuestro fundador y presidente, Ricardo Salinas Pliego. Seguiremos defendiendo nuestros derechos con la ley u la razón ética y jurídica de nuestro lado. No nos van a callar. No nos van a doblar” menciona Grupo Salinas.
Además calificó como un uso faccioso del aparato del Estado en su contra, al afirmar que enfrenta un asedio por parte de las autoridades federales desde distintos frentes. La empresa acusó al gobierno de recurrir a las instituciones públicas para llevar a cabo un “acto autoritario e infundado”.
En un comunicado, el consorcio lamentó que las dependencias federales destinen recursos y esfuerzos a acciones de carácter persecutorio, en lugar de concentrarse en las tareas propias del gobierno. “Se trata de un acto doloso, motivado por intereses políticos”, sostuvo el grupo empresarial.
