La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas (SEDENER) ha publicado un marco técnico para que los municipios evalúen proyectos de infraestructura energética con criterios claros y proporcionales.
Marco técnico para la valoración de proyectos energéticos
Los Criterios orientadores para la valoración técnica y de ocupación territorial son un instrumento optativo y no vinculante, diseñado para que los municipios de Tamaulipas puedan calcular de forma justa los derechos por infraestructura energética. Este marco se basa en los principios de proporcionalidad y razonabilidad para garantizar que los cobros sean adecuados y fundamentados.
El documento establece metodologías específicas para evaluar diferentes tipos de infraestructura: edificaciones permanentes, obras lineales y zonas de aprovechamiento energético. Esto permite que los ayuntamientos justifiquen técnicamente sus decisiones y aseguren el cumplimiento de la regulación federal vigente.
Incorporación a las Leyes de Ingresos municipales
Estos criterios sirven como base para que los municipios soliciten modificaciones en sus Leyes de Ingresos ante el Congreso del Estado, integrando proyectos que previamente no fueron considerados. Así, se facilita la inclusión formal de nuevos desarrollos energéticos en la planificación financiera local.
Fortalecimiento de la hacienda municipal y certeza jurídica
El objetivo principal es apoyar a los municipios en la generación de certeza jurídica para proyectos de generación y almacenamiento de energía. Esto fortalece la hacienda municipal sin afectar su autonomía constitucional, asegurando que los beneficios económicos se queden en las localidades receptoras.
Apoyo a las metas federales de generación energética
Además, estos criterios contribuyen a alcanzar las metas nacionales establecidas por la Secretaría de Energía. Resuelven dudas comunes en municipios que reciben proyectos, como la gestión adecuada de licencias y permisos, facilitando la integración de estos desarrollos al marco legal local.
En resumen, Tamaulipas ofrece a sus municipios un instrumento técnico y legal que facilita la valoración y gestión de proyectos eléctricos, promoviendo un desarrollo energético ordenado y beneficioso para las comunidades.