Las elecciones son mucho más que una competencia por el poder: son un termómetro de la confianza ciudadana en sus gobiernos, sus instituciones y las reglas que sostienen la democracia. Israel, Brasil y Estados Unidos ilustran cómo esa confianza se pone a prueba en escenarios de guerra, polarización y confrontación política.
En Israel, los ciudadanos votan este 27 de octubre en unos comicios que pueden redefinir el futuro de Benjamin Netanyahu. Tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y las guerras posteriores, la seguridad nacional convive con las exigencias de rendición de cuentas por los fallos de inteligencia y la conducción del conflicto. La elección no solo evalúa a un primer ministro: también confronta a la sociedad israelí con el costo político, humano y diplomático de sus decisiones. La fragmentación parlamentaria, además, podría dificultar la formación de un nuevo gobierno.
En Brasil, la cancelación de los pasaportes de Flávio Bolsonaro, tras incumplir una orden judicial de entrega, evidencia la tensión entre el poder político y las instituciones de justicia. El senador, investigado en un caso de presunto lavado de dinero, niega haber cometido irregularidades. El episodio adquiere relevancia por su vínculo con la familia del expresidente Jair Bolsonaro y por el entorno de confrontación que atraviesa la política brasileña. El desafío consiste en garantizar que la justicia actúe con independencia y debido proceso, sin convertir la aplicación de la ley en un instrumento de persecución partidista.
En Estados Unidos, las elecciones intermedias del 3 de noviembre medirán el respaldo a Donald Trump y definirán el control del Congreso. Con más de 31 millones de votos anticipados, según las cifras difundidas, la participación adquiere un peso central. Sin embargo, las críticas presidenciales al sistema electoral plantean una preocupación adicional: cuando los líderes cuestionan la legitimidad del proceso sin pruebas suficientes, pueden erosionar la confianza pública antes incluso de que se cuenten los votos.
Los tres casos revelan una tendencia común: la disputa electoral ya no se limita a quién gobierna, sino a quién controla las instituciones y bajo qué reglas. La fortaleza democrática no depende de que un partido gane, sino de que todos acepten procedimientos verificables, contrapesos efectivos y resultados legítimos.
Porque las urnas pueden renovar gobiernos, pero solo la confianza en las reglas permite que una sociedad reconozca la derrota, limite el poder y preserve su democracia.
