La Comisión De Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma que desaparece a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).

“La reforma constitucional que se propone en materia de simplificación orgánica en el ámbito administrativo es procedente”, determinó la comisión legislativa.

La reforma propone que la CNH y la CRE sean absorbidas por la Secretaría de Energía (SENER), el IFT pasaría a formar parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y la COFECE se integraría a la Secretaría de Economía (SE).

Los diputados determinaron que la reforma constitucional garantiza la continuidad de las funciones administrativas y prestación de los servicios públicos que realizan los organismos constitucionales autónomos que se extinguen o fusionan, al tratarse únicamente de la reasignación de atribuciones y funciones a las dependencias básicas del gobierno federal.

“No se justifica que las funciones administrativas que realizan los organismos constitucionales autónomos que se extinguen o fusionan, no puedan ejercerse por las dependencias básicas del Poder Ejecutivo Federal”, destaca el dictamen.

Con la reforma constitucional propuesta, se mantienen y salvaguardan los bienes y valores tutelados en el orden constitucional, sin menoscabo de los derechos de las personas, indicarón. 

“Se preserva la interacción del sector privado, en consonancia con un Estado capaz de garantizar el acceso a los derechos fundamentales bajo un esquema solidario de bienestar, en donde prevalece el interés social sobre el privado”, argumentaron.

Además, señalaron que se logra limitar la creación de entes públicos bajo la figura de desconcentración administrativa de manera innecesaria evitando la duplicidad de funciones.

Finalmente, consideraron que se generan ahorros presupuestales que permitirán privilegiar el gasto social mediante la utilización de los recursos públicos con eficiencia, eficacia, transparencia, economía y honradez, en especial a partir de las opiniones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no identificaron consecuencia presupuestaria que devenga de la iniciativa del Ejecutivo Federal.