La Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la reforma energética impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que permite la participación de empresas privadas en la exploración y extracción de hidrocarburos. Aunque el artículo 27 de la Constitución mantiene que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación, las empresas podrán participar mediante contratos supervisados por el Estado. La reforma también asigna al Estado la responsabilidad de dirigir la transición energética, promoviendo el uso sustentable de recursos y la reducción de emisiones contaminantes.

Este cambio busca equilibrar la apertura al sector privado con la protección de los intereses nacionales en el sector energético, garantizando que las actividades se realicen bajo estricta vigilancia del Estado. Las empresas privadas no podrán obtener concesiones directas, pero podrán operar bajo acuerdos que aseguren un control y monitoreo adecuado por parte del gobierno.

La transición energética es una prioridad clave de la reforma, que busca no solo aumentar la participación del sector privado en la industria, sino también impulsar proyectos de energías limpias y sustentables, en línea con los compromisos internacionales para reducir la huella de carbono.

Con esta reforma, se espera atraer mayores inversiones al país y optimizar la extracción de hidrocarburos, al tiempo que se impulsa una gestión más sostenible de los recursos energéticos. La inclusión del sector privado en estas actividades podría generar más empleo y contribuir al crecimiento económico de México, manteniendo un balance entre el desarrollo industrial y la preservación del medio ambiente.