El mercado mexicano de gas natural, petrolíferos, Gas LP y petroquímicos tiene nuevas reglas. Los artículos 2 y 5 aquí analizados forman parte de las Disposiciones Administrativas de Carácter General que regulan su comercialización, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2026. Para los participantes, las preguntas centrales son dos: ¿a quiénes aplican y cómo acreditar el origen y la disponibilidad lícita del producto?
Ambos artículos se complementan: el 2 define quiénes están sujetos a las disposiciones, mientras que el 5 establece cómo documentar el origen y la trazabilidad del producto, según la forma en que se obtuvo. El mensaje es claro: no basta con tener un permiso; también hay que acreditar la operación y mantener la congruencia entre el producto, el volumen y los documentos.
¿Dónde está, entonces, la preocupación? En la capacidad de respaldar cada operación cuando la Comisión requiera la documentación, y no únicamente en contar con un permiso vigente. Tener contratos, facturas o pedimentos por separado no resuelve el problema si estos no corresponden al mismo producto y volumen. La pregunta es concreta: ¿puede la empresa demostrar de dónde proviene lo que vende y cómo se relaciona con sus compras, producción, entregas y existencias? Si la respuesta depende de documentos incompletos, desactualizados o incongruentes, hay un aspecto que debe revisarse antes de considerar que la operación está suficientemente respaldada.
El artículo 2 establece la aplicación obligatoria de estas disposiciones en todo el territorio nacional a personas físicas, personas morales, entidades paraestatales y empresas públicas del Estado que se encuentren en alguno de cuatro supuestos. Los dos primeros abarcan a quienes desean comercializar gas natural, petrolíferos, Gas LP o petroquímicos, así como a quienes ya cuentan con un permiso vigente de Comercialización.
El tercer supuesto comprende a los titulares de otros permisos previstos en el artículo 76 de la Ley del Sector Hidrocarburos que tengan o pretendan establecer relaciones comerciales con un permisionario de Comercialización. El cuarto incluye a los titulares de Asignaciones o Contratos de Exploración y Extracción, así como de permisos de Procesamiento, Formulación o Refinación, que pretendan comercializar su producción.
Los participantes públicos también deben revisar su situación. El artículo 2 incluye expresamente a las entidades paraestatales y empresas públicas del Estado que se encuentren en alguno de esos supuestos. No menciona individualmente a Pemex, CFE o CENAGAS ni establece una exclusión general para las empresas públicas; su aplicación depende del supuesto y de la actividad realizada.
A este alcance se suma el Transitorio Segundo: “Se derogan todas aquellas disposiciones normativas que se opongan al presente instrumento”. Por ello, deben revisarse las operaciones a la luz del nuevo marco y de las disposiciones anteriores que resulten contrarias, en los términos de dicho transitorio.
Una vez identificado quién está sujeto a las disposiciones, el artículo 5 centra la atención en el producto. Para ofertarlo y venderlo, exige acreditar su origen y disponibilidad lícita mediante documentación de importación, producción o adquisición nacional. La Comisión puede requerir dicha documentación; por ello, esta debe estar actualizada y ser congruente con el volumen y el tipo de producto.
Para los importadores directos, la fracción I contempla permisos vigentes de importación y Comercialización; un contrato vinculante con el proveedor extranjero o la documentación correspondiente, como la factura comercial o la carta porte; contratos de Transporte, Almacenamiento y Distribución; pedimentos y CFDI. Estos documentos deben integrar una cadena que vincule el contrato con el proveedor extranjero, el pedimento y el CFDI de venta, manteniendo la congruencia en cuanto al producto y al volumen.
En el caso del gas natural por ducto, la trazabilidad se acredita mediante balances de volumen o energía —por ejemplo, en GJ—, sin necesidad de identificar lotes. Una importación por gasoducto desde Texas requiere el contrato con el proveedor estadounidense, el permiso de importación, los pedimentos, el CFDI de venta y los balances correspondientes.
Para quienes producen, procesan, refinan o formulan, la fracción II sigue otra lógica: exige acreditar el permiso de Refinación, Procesamiento o Formulación, o la Asignación o el Contrato correspondiente. La documentación debe vincular la producción con la entrega e identificar el producto, el volumen, la unidad, el lote y la fecha, cuando corresponda.
También deben documentarse las operaciones hasta el destino final y mantenerse la congruencia entre los CFDI, las entradas, las salidas, las existencias y las mermas. El volumen producido debe corresponder con lo facturado y entregado, incorporando las mermas al balance.
En el caso de la gasolina formulada en planta propia, los documentos deben vincular el lote, el volumen y la fecha entre la producción y la entrega. En el Gas LP proveniente de una planta de procesamiento, la producción, las entregas y las existencias deben coincidir con la facturación. En el caso del etano de un complejo propio, la producción, las entregas y las mermas deben corresponder con los CFDI y los movimientos registrados.
Para los compradores nacionales que comercializan el producto, la fracción III exige que el proveedor sea otro permisionario de Comercialización con permisos vigentes. El contrato de compra, la factura o el documento equivalente y el CFDI deben acreditar la procedencia y la trazabilidad. Las disposiciones analizadas impiden comprar a titulares de permisos de Distribución que actúen como proveedores.
La revisión del proveedor debe realizarse antes de la compra: es necesario verificar que el vendedor cuente con un permiso vigente de Comercialización. Posteriormente, deben conservarse los documentos de la operación y mantenerse la congruencia entre el producto, el volumen, la unidad, las entradas, las salidas y las existencias.
Esa revisión también alcanza a la contraparte. En las adquisiciones nacionales previstas en la fracción III, no basta con que el vendedor tenga producto disponible o emita una factura: debe ser un permisionario de Comercialización con permisos vigentes. Confundirlo con un distribuidor puede llevar a estructurar una compra que no corresponda al supuesto analizado. Por su parte, los importadores y productores deben revisar sus propias cadenas documentales, sin asumir que el permiso sustituye los registros de origen y trazabilidad. Cada participante necesita identificar el supuesto que le corresponde y los documentos que respaldan su intervención en el mercado.
En petrolíferos, la trazabilidad puede incluir contratos, CFDI, carta porte y registros de entradas, salidas, existencias y mermas, con identificación de lote, volumen y fecha. Por ejemplo, el diésel importado por buque se respalda con el permiso de importación, el contrato con el proveedor extranjero, el pedimento y el CFDI acompañado de la carta porte, manteniendo la congruencia por lote. Si se adquiere en el mercado nacional, debe provenir de un permisionario de Comercialización y estar respaldado por el contrato y el CFDI correspondientes.
El Gas LP importado por autotanque requiere considerar el permiso de importación, el contrato con el proveedor extranjero, el pedimento y el CFDI acompañado de la carta porte. Si se adquiere en el mercado nacional, deben existir un contrato, una factura y un CFDI emitidos por un comercializador con permiso vigente, además de los registros de entradas, salidas, existencias y mermas.
En petroquímicos, el etano importado por carrotanque requiere el permiso de importación, el contrato con el proveedor extranjero, los pedimentos y el CFDI acompañado de la carta porte, todos congruentes en cuanto al producto y al volumen. Si se adquiere de otro comercializador nacional, el contrato y el CFDI deben acreditar su procedencia y trazabilidad.
La fracción IV añade otro escenario: las operaciones con otro comercializador bajo el supuesto previsto en esa disposición. Además de los requisitos de la fracción III, exige acreditar el Transporte, Almacenamiento o Distribución conforme al artículo 107 del Reglamento, en los términos aplicables. Para petrolíferos y Gas LP, se señala la titularidad de al menos un permiso para alguna de esas actividades; para gas natural, los permisos listados incluyen los de Procesamiento o Regasificación.
En ese supuesto, no basta con acreditar la compraventa: también debe respaldarse la logística mediante los permisos correspondientes y mantenerse actualizada la documentación que puede requerir la Comisión.
Los biocombustibles requieren un análisis por separado. El artículo 2 no incluye expresamente al etanol ni al biodiésel puros. Sin embargo, cuando se mezclan con gasolina o diésel, el producto comercializado es un petrolífero, por lo que debe acreditarse su origen y registrarse la mezcla por lote y volumen. En el caso de la gasolina con etanol, debe acreditarse la procedencia de la gasolina y registrarse la cantidad de etanol incorporada. Para el biocombustible puro, debe verificarse jurídicamente el régimen aplicable y los permisos correspondientes.
La preocupación está en confundir ambos escenarios: el biocombustible puro y la mezcla comercializada. La incorporación de etanol o biodiésel no sustituye la documentación del petrolífero. Quien formula o comercializa debe mantener la congruencia entre el origen acreditado, los componentes incorporados y el volumen registrado de cada mezcla.
En conjunto, los artículos 2 y 5 vinculan a importadores, productores, comercializadores y participantes logísticos mediante una misma exigencia: contar con una cadena documental que identifique al participante, el origen del producto y su trazabilidad. Los permisos, contratos, pedimentos, CFDI, carta porte, movimientos, entradas, salidas, existencias, mermas y volúmenes deben ser congruentes entre sí.
La preocupación se extiende a la logística y a las empresas públicas cuando estas se encuentren en alguno de los supuestos señalados. Bajo el supuesto descrito en la fracción IV, acreditar la compraventa no sustituye el respaldo de las actividades de Transporte, Almacenamiento o Distribución que correspondan. Las mermas, los balances y las existencias tampoco son registros secundarios: forman parte de la congruencia de la operación. La revisión debe conectar los permisos, los proveedores, el producto, los movimientos y la facturación. Más que acumular documentos, se trata de comprobar que la cadena documental sea consistente, esté actualizada y pueda explicarse ante un requerimiento de la Comisión.
Comercializar, por tanto, no consiste únicamente en comprar y vender: implica demostrar el origen y la disponibilidad lícita del producto, además de la congruencia de la operación. Identificar el supuesto aplicable del artículo 2 y la documentación exigida por el artículo 5 constituye el punto de partida para operar dentro del nuevo marco regulatorio.
