Emisiones sin medir: el costo oculto para las empresas mexicanas

Muchas empresas mexicanas desconocen sus emisiones de carbono, lo que representa un costo oculto y riesgo para su financiamiento y permanencia en cadenas globales. Medir es clave para anticiparse a regulaciones y clientes.

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Emisiones sin medir y su impacto en empresas mexicanas
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Fátima Montiel

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El riesgo climático no es una cuestión ideológica, sino un costo real que aseguradoras, calificadoras crediticias y gobiernos ya están incorporando a sus decisiones en toda América del Norte. De esas evaluaciones dependen, cada vez más, el acceso al financiamiento, el costo de los seguros y la viabilidad del modelo de negocio de cualquier empresa mexicana. Por eso, la primera pregunta —y quizá la más incómoda— es también la más sencilla: ¿su empresa sabe cuánto emite?

La mayoría de los empresarios con los que me siento a conversar no lo sabe. No porque les falte voluntad, sino porque durante años nadie se los exigió y nadie les explicó que medir no es un ejercicio de imagen: es el primer paso de cualquier estrategia de reducción de costos, acceso a financiamiento y permanencia en las cadenas de valor globales.

México dejó de ser, en este tema, un país de buenas intenciones. La Ley General de Cambio Climático ya obliga a todo establecimiento que emita 25,000 toneladas de CO2 equivalente o más al año a inscribirse y reportar ante el Registro Nacional de Emisiones (RENE) de la Semarnat, a través de la Cédula de Operación Anual. A partir de 2027, ese reporte deberá ser verificado por un tercero acreditado, con implementación escalonada hasta 2028.

En paralelo, desde enero de 2025 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores obliga a las empresas emisoras del mercado de valores a adoptar los estándares internacionales NIIF S1 y S2, con la presentación del primer informe de sostenibilidad en 2026, correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Esto significa que la gobernanza, políticas y mecanismos de supervisión sobre temas ambientales dejaron de ser opcionales para las empresas que cotizan en bolsa en México.

Pero aquí está el punto que casi nadie menciona en las juntas directivas: la obligación regulatoria de reportar solo alcanza, por ahora, a un segmento pequeño del tejido empresarial mexicano —grandes emisores y empresas listadas. La inmensa mayoría de las empresas del país, incluidas las que exportan a Estados Unidos y Europa, no tiene ninguna obligación formal de medir. Y sin embargo, ya están siendo evaluadas por quienes sí las obligan: sus propios clientes corporativos.

Una empresa mexicana que no mide sus emisiones no está evitando un costo: está acumulando uno que no puede ver. Los ejemplos son concretos y ya están ocurriendo:

Las empresas exportadoras que forman parte de cadenas de suministro de compañías sujetas a la ley californiana SB 253 —que exige reporte de emisiones de Alcance 3, es decir, las emisiones de toda la cadena de proveedores— están recibiendo cuestionarios de sus propios clientes pidiendo datos que hoy no tienen. Sin esos datos, la respuesta por default es la exclusión de la licitación, no una segunda oportunidad.

Los bonos verdes y los índices de sostenibilidad, como el S&P/BMV Total México ESG, condicionan el acceso a financiamiento preferencial a la existencia de datos verificables. Sin medición, no hay acceso, sin importar qué tan sólida sea la operación de la empresa en todos los demás aspectos.

La confusión más común que veo en las empresas mexicanas es tratar la sostenibilidad como un gasto de comunicación en lugar de un proceso de gestión de riesgo. La secuencia correcta —la misma que usa cualquier área financiera para gestionar cualquier otro riesgo— tiene tres pasos, en este orden:

Incorporar, es decir, definir el alcance: qué instalaciones, qué procesos, qué proveedores forman parte del inventario de emisiones de la empresa, usando la metodología internacionalmente aceptada del GHG Protocol —Alcance 1 (emisiones directas), Alcance 2 (energía comprada) y Alcance 3 (cadena de valor).

Medir y calcular, con datos de actividad reales —consumo de combustibles, electricidad, transporte, insumos— y no con estimaciones genéricas de industria, que suelen subestimar el riesgo real y no resisten una auditoría externa cuando el cliente o el banco la exige.

Actuar, una vez que el inventario existe: priorizar las fuentes de mayor emisión, evaluar eficiencia energética, y decidir de forma informada si la compensación mediante créditos de carbono certificados —bajo estándares como Verra o CAR— tiene sentido para la porción de emisiones que la empresa no puede eliminar en el corto plazo.

Ninguno de estos tres pasos requiere una convicción ideológica sobre el cambio climático. Requiere la misma disciplina que una empresa ya aplica a su flujo de caja o a su cartera de cuentas por cobrar.

Lo que hace distinta a la coyuntura actual de México es que la obligación regulatoria total —la que eventualmente alcanzará a la mayoría del universo empresarial, no solo a los grandes emisores— todavía no ha llegado. Eso da a las empresas mexicanas, sobre todo a las medianas que exportan o que forman parte de cadenas de valor de multinacionales, una ventana real para adelantarse: medir antes de que se los exijan, y llegar a la obligación futura con datos ya construidos, en lugar de reaccionar bajo presión de un cliente o de una auditoría externa con plazos que no eligieron.

Desde DUA NetZero Consulting trabajamos exactamente en ese tramo: acompañar a empresas mexicanas listadas o no, grandes o medianas a construir su inventario de emisiones con metodología sólida, entender su exposición real frente a clientes internacionales, y decidir con datos, no con intuición, qué hacer con esa información.

Medir no resuelve el cambio climático. Pero no medir sí garantiza quedar fuera de las conversaciones donde hoy se está decidiendo quién permanece en la cadena de valor y quién no.

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CEO Global de Grupo EcoForest CO2 / DUA NetZero Consulting

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